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El desahucio que no cesa


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Nadia Khalil

Politóloga y traductora. Doctoranda en Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinadora del proyecto Programas20N.org


Escrito el 16 de noviembre de 2012 a las 14:21 | Clasificado en Actualidad

El decreto aprobado por el Gobierno apenas incorpora cambios, ya que no modifica la ley hipotecaria ni la de enjuiciamiento civil.

Desahucio paralizado en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona (fuente: Flickr / Daniel Torrejón).
Desahucio paralizado en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona (fuente: Flickr / Daniel Torrejón).

Se acaba de aprobar un decreto ley con medidas urgentes para paliar los efectos de los desahucios sin que haya sido posible el acuerdo de los dos grandes partidos. No podemos olvidar que para que este decreto y las reuniones entre los dos partidos mayoritarios tuvieran lugar, fueron necesarios una serie de trágicos sucesos (como los dos últimos suicidios) y la propuesta de la Defensora del Pueblo.

No se trata de un problema reciente. Cabe recordar que el pasado mes de marzo el Congreso de los Diputados rechazó una moción propuesta por el grupo parlamentario Izquierda Plural, en el que se exigía la instauración de la dación en pago para saldar la deuda. También se pedía un proyecto de reforma de la legislación hipotecaria con una serie de medidas para los desahucios en proceso. El PSOE se abstuvo y propuso la creación de una ley de solvencia personal, acabar con las cláusulas abusivas y facilitar el alquiler de viviendas baratas. El PP votó en contra y aprobó, más tarde, el código de buenas prácticas para los bancos.

Este código de aceptación voluntaria aconseja la detención de los desahucios durante dos años en los casos de extrema necesidad y la reducción de los intereses de demora, entre otras medidas, pero no recoge la demanda sobre la dación en pago de los grupos afectados. Sólo ahora, tras la presión de algunos ayuntamientos y la repercusión de la situación extrema de muchas familias, los bancos y las cajas se han comprometido a frenar los desahucios durante un tiempo en casos de necesidad extrema.

Algunos partidos ya se habían hecho eco de la principal medida demandada desde hace años por las plataformas de afectados. En los programas políticos del año pasado, Izquierda Unida, ERC y Coalició Compromís proponían modificar la Ley hipotecaria para incluir la dación en pago como forma de liquidación de la deuda hipotecaria. Además, Izquierda Unida proponía una reforma de la ley de enjuiciamiento, la suspensión de los embargos de vivienda y de los cortes de suministros para los parados, así como una moratoria en el pago de las hipotecas.

ERC también insistía en la necesidad de tomar medidas contra los desahucios y la búsqueda de alternativas, en términos generales, así como la declaración de cláusulas abusivas para aquellas que en el contrato hipotecario fijen un límite en la variación a la baja del tipo de interés. Recientemente, apareció un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la misma línea, ya que la directiva europea de protección a los consumidores considera que las cláusulas abusivas de un contrato no son vinculantes. Y ya hay jurisprudencia al respecto en España y va en aumento.

Pocas novedades

Por su parte, el PP prometía más transparencia e información sobre el mercado hipotecario, además de una revisión legislativa para reforzar los mecanismos de quiebra personal como solución al sobre endeudamiento y la ejecución hipotecaria. Mientras, el PSOE proponía numerosas propuestas en materia de vivienda, sobre todo orientadas a la promoción de alquilares bajos, pero nada específico acerca de las deudas hipotecarias. El resto de partidos tampoco hacían mención expresa en sus programas.

Consecuentemente, el decreto aprobado ayer, sin el acuerdo de los grupos parlamentarios de la oposición, apenas incorpora cambios, ya que no modifica la ley hipotecaria ni la de enjuiciamiento civil, tampoco habrá dación en pago, ni se cambiarán los intereses de demora (es posible que el Gobierno no quiera molestar a las instituciones europeas que tendrían que dar el visto bueno a cualquier cambio legislativo).

Se incluye una moratoria de dos años para las familias más vulnerables que no sobrepasen el umbral de 1.597 euros al mes entre todos los miembros del hogar. Una medida similar a la contenida en el código de buenas prácticas que los bancos ya se habían comprometido a seguir. La única gran novedad será un parque de viviendas en alquiler para los desahuciados del que no se ha especificado más información hasta el momento.

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