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El ciudadano pide paso


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Asier Martiarena

Soy periodista y escribo en La Vanguardia y Yahoo! después de haberme encargado de la sección de política del diario Metro y de echar a andar en La Voz de Galicia.


Escrito el 27 de febrero de 2013 a las 13:27 | Clasificado en Actualidad

La sociedad reclama para sí las competencias que la globalización ha arrebatado a los actores políticos.

En España se habían tramitado solo cuatro ILPs desde 1977 (fuente: Sesión de Control)
En España se habían tramitado solo cuatro ILPs desde 1977 (fuente: Sesión de Control)

Aún queda mucho para que los libros de texto se reescriban e incluyan al ciudadano como cuarto poder por detrás del legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ese derecho lo sigue ostentando la prensa por su importante papel en los albores de la Revolución francesa. Sin embargo en plena crisis política y, por qué no reconocerlo, de los medios de comunicación, la ciudadanía española está más cerca de emprender el camino del activismo que de volver a creer en sus dirigentes actuales.

De hecho existen mecanismos poco explorados por los que no solo el Gobierno puede proponer nuevas leyes. Sobre el papel, la Constitución otorga la posibilidad de que un grupo de ciudadanos tenga el derecho de presentar propuestas de ley ante el Parlamento. Se trata de las llamadas Iniciativas Legislativas Populares (ILP).

Hasta hace poco era lo mismo que una pancarta colgada en un balcón. Un grito mudo inaudible desde el Congreso de los Diputados. Y eso que la Carta Magna concibe a los partidos como instrumento fundamental para la participación política, aunque a este mecanismo ideal parece fallarle la correa de transmisión.

Consultar los presupuestos con sus vecinos…

La primera ILP que pasó el filtro del pleno versaba sobre la reclamación de deudas comunitarias. Fue en 1996 y el texto acabó subsumido en la reforma de la Ley sobre de Propiedad Horizontal que ya se tramitaba en el Congreso. Su aprobación resultó ser algo testimonial.

La sequía tiene unas causas bien definidas que se resumen en que, en España, los partidos se han encargado de limitar la fuerza del pueblo. Para empezar se solicitan 500.000 firmas de base para que una ILP se tome en consideración, un número muy superior al necesario en otros países europeos. Pero la mayor limitación se debe a que el Congreso de los Diputados votó para impedir que cualquier ley orgánica, tributaria, de carácter internacional o referente a la prerrogativa de gracia pueda ser objeto de una ILP. Tras esta postura se sitúa el temor a alimentar una ciudadanía crítica no controlada.

Pero el panorama ha cambiado ligeramente. En apenas una semana se ha asistido a la toma en consideración por parte de la Cámara Baja de dos ILPs -una relativa a la dación en pago retroactiva y otra para declarar los toros bien de interés cultural-. Un récord ya que desde 1977 hasta ahora se habían aceptado cuatro.

Lo mismo está ocurriendo con la otra herramienta social llamada Presupuesto Participativo y que tiene como principal objetivo establecer las principales demandas y preocupaciones de los vecinos y vecinas en materia generalmente de gastos (actividades, inversiones públicas…) e incluirlos en el presupuesto anual de la ciudad. Proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales ya es un hecho en ciudades como Logroño, Córdoba o Getafe. Aunque se puede ampliar el radio de acción haciéndolo provincial. El presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado este sábado que el organismo lucense dará “voz” a la ciudadanía para elaborar unos presupuestos “participativos”, de forma que será la “tercera” institución provincial de España -junto a Málaga y Barcelona- en implantar este mecanismo con el que confía en “mejorar” la calidad democrática y transparencia en la gestión.

Queda mucho camino por recorrer para asistir una sociedad más participativa, aunque la senda está marcada. El problema es que al tiempo que la participación ciudadana ha dado un paso hacia los mecanismos de gobierno, estos se han alejado otro tanto con una globalización que sitúa a los gobiernos nacionales en una zona ambigua, con algunas de las competencias tradicionalmente propias en manos de procesos de índole internacional.

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