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España como prisión


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Rafael Larreina

Diputado de Amaiur. Impulsor de Eusko Alkartasuna desde su fundación, fue diputado vasco durante dos décadas representando a esa formación, en nombre de la cual fue uno de los firmantes del Pacto de Estella.


Escrito el 16 de agosto de 2013 a las 10:36 | Clasificado en Amaiur

“Tanto en Gibraltar como en Catalunya o en Euskal Herria el problema de fondo radica en la negativa española a reconocer el universal derecho democrático que tiene la ciudadanía de estos tres territorios a decidir su propio futuro”.

En línea con las mejores versiones de las serpientes de verano que en su día encabezó el monstruo del Lago Ness, y que servían para compensar la atonía informativa del verano, este año en el Estado español se ha despertado la “serpiente patriotera” del Peñón frente a la “pérfida Albión”, sin duda con la esperanza de tapar con más ruido el producido por el altavoz de la Audiencia Nacional y su sinfonía de Bárcenas.

Pero detrás del estruendo hay un silencio muy sonoro que intenta hacer pasar desapercibido el auténtico problema de fondo del Estado español que es su endeble cultura democrática y que está en la raíz tanto del endémico problema de la corrupción, como del contencioso o conflicto político de Gibraltar, conflicto éste que no es diferente del conflicto con Catalunya o Euskal Herria.

Tanto en Gibraltar como en Catalunya o en Euskal Herria el problema de fondo radica en la negativa española a reconocer el universal derecho democrático que tiene la ciudadanía de estos tres territorios a decidir su propio futuro.

Actitudes de larga tradición democrática de Estados como el canadiense o el británico, que no dudan en reconocer la realidad innegable de sociedades diferenciadas como Quebec, o naciones como Escocia y Gales,  y su innegable derecho a decidir democráticamente, contrastan con la concepción española de la nación como prisión. Esto es una identidad dentro de la que estás quieras o no, y en la que se te niega el primer derecho de ciudadanía que consiste en poder decidir tu propio futuro, tu propia identidad, tu propia nacionalidad, incluso tu derecho a cambiar de nacionalidad; derecho que viene explícitamente recogido en la declaración universal de derechos humanos.

Y aquí radica, en mi opinión, el principal problema de España, de su endeble cultura democrática: la no asunción del concepto republicano de ciudadanía que concibe a la persona como sujeto de derechos y obligaciones en vez de como siervo. Y esto sirve tanto para el tema de la endémica corrupción española como para los conflictos políticos con Gibraltar, Catalunya o Euskal Herria; sirve tanto para el ciudadano Borbón y su familia extensa, como para el ciudadano Bárcenas, Rajoy o cualquier otra persona sea banquero o parado, que desgraciadamente estos últimos son muchos más y se les privan de muchos más derechos.

Ojalá en este verano fracase el intento de centrar la causa de todos los males en el estado británico y, en vez de satanizarlo, se aproveche para aprender de su cultura democrática. Y aprendan todos, desde el ciudadano Borbón de su colega Isabel II, que es reina de dieciséis estados soberanos, mientras que Juan Carlos I  lo es escasamente de uno y con desafección de una parte importante de sus gentes, hasta cualquier ciudadano que comprueba cómo en Escocia van a votar con normalidad sobre si quieren ser independientes, o cómo un ministro dimite porque ha esquivado una multa de tráfico atribuyéndosela a su cónyuge.

España seguirá avanzando por la senda de ser un estado fallido mientras sus gentes y sus dirigentes sigan concibiéndola como un estado-prisión en vez de impulsar un espacio abierto de libertad en el que cada ciudadano, cada ciudadana pueda decidir su propio futuro, su propia identidad y ejerza libremente sus derechos y deberes de ciudadanía, sea como gibraltareño, como vasco o catalán, o como español.

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