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La no reforma fiscal: oportunidad perdida para reducir la desigualdad


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Rafael Larreina

Diputado de Amaiur. Impulsor de Eusko Alkartasuna desde su fundación, fue diputado vasco durante dos décadas representando a esa formación, en nombre de la cual fue uno de los firmantes del Pacto de Estella.


Escrito el 5 de julio de 2014 a las 8:58 | Clasificado en Amaiur

Lo que el Gobierno ha presentado no es una auténtica reforma fiscal, y además no ataja los dos problemas fundamentales: el fraude fiscal y la elusión fiscal

Justo cuando estaba acabando el periodo para realizar la declaración de la renta, el Gobierno ha anunciado a bombo y platillo una rebaja de impuestos que se materializará en los dos próximos años, justo antes de los comicios electorales previstos en 2015. Con el rimbombante nombre de “reforma fiscal” se plantea una simple rebaja de impuestos a la vez que se reducen los tramos del IRPF, pero no se plantea ni una auténtica reforma del sistema impositivo ni se atajan los problemas estructurales de fondo que hacen ineficiente el sistema fiscal español.

Habrá quien se pregunte porqué nos preocupan a los vascos estas medidas cuando, aparentemente, la llamada reforma fiscal no afectaría directamente a Euskal Herria, pues por el Convenio y el Concierto Económico tenemos capacidad normativa tanto en el Impuesto de Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La realidad es que también afecta muy de lleno a la capacidad económica de las instituciones de Euskal Herria. Estas medidas de rebaja de impuestos van a llevar consigo el incremento del endeudamiento público del Estado –en el mejor de los casos la no reducción del endeudamiento- y su coste sí que recae sobre la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra y sobre toda su ciudadanía, que contribuye con cerca de un 40% más que la ciudadanía del resto del Estado. Y esto sin haber contribuido, además, a su generación, pues los niveles de endeudamiento público de Euskal Herria son sensiblemente menores que los del resto del Estado.

Pero también hay que señalar que estas medidas no son una auténtica reforma fiscal que ataje los dos problemas fundamentales –que tienen carácter estructural- en el sistema fiscal español: el fraude fiscal y la elusión fiscal. No hay ninguna medida efectiva para atajar los niveles de fraude fiscal que son social, política y económicamente inasumibles. Y no hay ninguna medida para abordar la elusión fiscal de casos, por ejemplo, como las SICAV.

Sin atajar estos dos problemas, no está garantizada la viabilidad del sistema económico y de protección social del Estado español y esto también es perjudicial para Euskal Herria. Y es perjudicial, no solo por razones de humana solidaridad -que ya de por sí serían suficientes-, sino también porque el empobrecimiento de la sociedad española lleva a perpetuar la crisis económica de uno de los mercados importantes de la economía vasca.

Y es precisamente desde la solidaridad con las personas más desfavorecidas de la sociedad española, con sus trabajadoras y trabajadores, donde nos unimos a la denuncia y planteamos nuestra oposición a unas medidas que tampoco van a reducir la desigualdad. En este sentido contrasta la rebaja importante del impuesto a las rentas más altas con el insignificante incremento –apenas 400 euros- del mínimo exento.

La lucha contra la desigualdad va a ser el punto central de la política, en Europa y en el mundo, en los próximos años. Y la política fiscal juega un papel determinante a la hora de reducir las diferencias sociales y contribuir a la cohesión social. El Gobierno sigue anclado en el pasado, sigue sin leer entre líneas lo que la ciudadanía ha señalado con claridad en las últimas elecciones en toda Europa, y con estas medidas ha perdido una buena oportunidad de sumarse a la lucha por la gente, la cohesión social y la reducción de la desigualdad.

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