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Mueren las cajas y nace un oligopolio financiero


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Rafael Larreina

Diputado de Amaiur. Impulsor de Eusko Alkartasuna desde su fundación, fue diputado vasco durante dos décadas representando a esa formación, en nombre de la cual fue uno de los firmantes del Pacto de Estella.


Escrito el 11 de octubre de 2013 a las 10:09 | Clasificado en Amaiur

La desaparición de las cajas y de su especial naturaleza jurídica abre la puerta a su privatización y a su bancarización fomentando una situación de oligopolio financiero, que va a ser muy negativo para los intereses de la ciudadanía.

En estos días va a iniciarse el debate del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias que supone la culminación del proceso de liquidación del modelo de entidad financiera de vocación y carácter social, próxima al interés de la ciudadanía y con sensibilidad a las necesidades y peculiaridades propias del territorio donde actúan. La aprobación de la ley en sus actuales términos será el acta de defunción de las cajas de ahorros y la partida de nacimiento de un oligopolio financiero cuyas negativas consecuencias van a ser sufridas por las gentes de a pie, autónomos, pymes y empresas de economía social, fundamentalmente.

Con el argumento-disculpa de la necesidad de una profunda intervención de los poderes públicos para acometer el saneamiento y reestructuración de las cajas de ahorro, cuya situación financiera ha llegado a comprometer la estabilidad del sistema financiero estatal, se ha obviado la realidad de que hay Cajas de Ahorros que no se han visto afectadas por esa situación y que mantienen importantes niveles de eficiencia económica y financiera y, sobre todo, social.

No deja de ser paradójico que quienes han sido responsables del desastre económico-financiero y de gestión de algunas cajas sean ahora, precisamente, los adalides de la racionalidad económica impulsando la liquidación del modelo de entidad financiera de carácter y control social. La solución de su nefasta e irresponsable gestión no debería pasar por la liquidación de las cajas y la venta a precio de saldo de sus activos, poniendo en manos de los especuladores financieros el ahorro público de las cajas.

Esta desaparición de las cajas y de su especial naturaleza jurídica abre la puerta a su privatización y a su bancarización fomentando una situación de oligopolio financiero, que va a ser muy negativo para los intereses de la ciudadanía, y que va a hacer realidad el objetivo largamente esperado por la banca privada de eliminar a un molesto e importante competidor y hacerse “gratis et amore” con su mercado. En este sentido, son significativas las limitaciones impuestas a las cajas, en cuanto a restricción al tamaño, que no se imponen a las entidades bancarias privadas que también pueden ser sistémicas y, en este nuevo escenario, pueden poner en peligro la estabilidad del sistema financiero y la economía estatal.

Junto con este proceso de privatización de un importante capital social, la aprobación de esta Ley supone la desaparición en el corto plazo de la Obra Social de las cajas que, si siempre han jugado un papel importante, en tiempos de profunda crisis económica y social se va a echar, especialmente, en falta.

Este proyecto de Ley, al igual que la mayoría de los que ha elaborado el Gobierno Rajoy, se enmarca en el proceso de recentralización y uniformización del Estado que, a través de una regulación basada en una extensiva serie de cuestiones definidas como básicas, vacían de contenido competencias definidas como exclusivas en estatutos de autonomía y, especialmente, en el caso de Euskal Herria en nuestros ámbitos de soberanía propia.

Desde este punto de vista, si nos circunscribimos a la realidad vasca, esta Ley no solo no responde a la situación general del sistema financiero y de las cajas de ahorros de Euskal Herria, que no han adolecido de los desmanes e irresponsabilidades de muchas cajas españolas, sino que está hecha de espaldas a su realidad política, económica y social y va a generar un impacto muy negativo sobre la economía vasca, añadiendo más dificultades a la actividad que desarrollan autónomos, pymes y economía social, y privando al conjunto de la ciudadanía de los beneficios de la Obra Social. Esta realidad es un argumento más que va sumando apoyos a la necesidad de contar con un ámbito vasco de decisión que evite que nos sea impuesto un modelo social, político, económico y financiero que, claramente, es ajeno a Euskal Herria y lesivo para los intereses de la ciudadanía vasca.

Pero también debería ser un elemento de reflexión en el resto del estado para reaccionar frente a una línea política que está desmontando el estado de bienestar y que está poniendo a la ciudadanía, a los autónomos, a las pymes, a la economía social, bajo la sumisión de un oligopolio financiero que va asfixiando poco a poco a la economía real y haciendo desaparecer unas clases medias que son la base de la cohesión social.

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