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Calidad democrática vs déficits democráticos


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 7 de noviembre de 2012 a las 10:17 | Clasificado en Opinión

El diputado del PNV Emilio Olabarría critica la reforma legal de la Justicia y su tramitación, que motivó un plante en el Congreso.

La calidad democrática deriva del fondo y de las formas que determina el funcionamiento de las instituciones y particularmente de las instituciones parlamentarias en las que se deposita la soberanía popular y cuyos componentes son los únicos elegidos a través de procedimientos de sufragio.

La semana pasada se inició y desafortunadamente se terminó (en una sola semana) el debate de una ley fundamental para garantizar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia. Para garantizar, en definitiva, la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución con la característica de derecho fundamental. Una ley que eleva las tasas judiciales, en algunos casos hasta el 167%, va a impedir que existan ciudadanos que por meras razones económicas no puedan acogerse a la tutela judicial, no puedan acogerse a la última ratio de protección que prevé el sistema democrático para la defensa de los legítimos derechos e intereses de cualquier ciudadano, ya que la tutela judicial debe poseer un carácter absolutamente universal. Un solo ciudadano que por razones económicas no pueda acceder a un proceso judicial priva de contenido al propio artículo 24 de la Constitución.

No es la primera vez, ni será la última, que la tramitación de leyes tan importantes como ésta se realice pervirtiendo los requerimientos más elementales de procedimiento legislativo previsto en los artículos 81 y siguientes de la Constitución y los reglamentos de las Cámaras. En los supuestos en los que está concernido un derecho fundamental, lo primero que se debe exigir es la avocación a Pleno del Proyecto de Ley, es decir sea el Pleno de las Cámaras el que termine el íter legislativo. En este caso no ocurrió eso, la Comisión de Justicia, a la que todos los grupos de la oposición plantaron en el momento de la votación, actuaba con competencia legislativa plena.

Por otra parte, el Proyecto de Ley no carecía de carácter polémico, todos los grupos de la oposición presentaron enmiendas de totalidad al Proyecto. Por si fuera poco lo anterior, este Proyecto de Ley fue criticado con virulencia por el CGPJ, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de los Procuradores y la práctica totalidad de los operadores jurídicos.

Un plante inédito

Antes del debate en Comisión se prevé por el Reglamento del Congreso la celebración de las denominadas ‘ponencias’. Este trámite es fundamental ya que se realiza a puerta cerrada, sin presencia de medios de comunicación y posibilita que los portavoces de los Grupos Parlamentarios puedan realizar aproximaciones o llegar a consensos parlamentarios que mejoren el contenido del Proyecto de Ley. En este caso las ponencias que se celebraron fueron dos, una de diez minutos de duración en la que el PP sencillamente manifestó qué enmiendas estaba dispuesto a aceptar (prácticamente ninguna) sin debate ni argumentación de ninguna naturaleza, y otra ponencia, ilegal o cuanto menos extraformal puesto que coincidió con la celebración de un Pleno, circunstancia que el propio reglamento de la Cámara prohíbe expresamente.

Cuando el procedimiento legislativo se pervierte de tal manera que la actividad de legislar se convierte en un sucedáneo de sí misma, los grupos parlamentarios poseen la obligación política y ética de regenerar lo que se puede terminar convirtiendo en una atrofia democrática. Esto provocó el plante, un hecho grave y sin precedentes en la Cámara. Fue un plante espontáneo, no dirigido por nadie, fue una invocación a la restauración del principio democrático en el seno de la actividad legislativa.

No hubo dejación de responsabilidad política o parlamentaria por los grupos que no votaron. Las enmiendas de todos los grupos fueron defendidas pero se pensó con pertinencia que participar en la votación suponía legitimar tácitamente una práctica tan aberrante de la actividad más noble de la institución parlamentaria: la actividad de legislar.

Por último, esperemos que no haya que reincidir en plantes de esta naturaleza, lo cual requiere que el Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta, acepten que la actividad legislativa requiere cuidar con la misma intensidad el fondo de los asuntos que se deben regular (las prisas en este caso estaban provocadas solo para privar de la paga extra a los jueces y magistrados) como la forma a través de la cual se desarrollan los procedimientos legislativos. Si se legislara solo para solucionar con urgencia extrema determinados problemas contingentes o concretos de forma recurrente, nos encontraríamos ante un parlamento más propio de una república bananera.

Los votantes dicen...
  1. Verónica del Carpio Fiestas dice:

    Soy Verónica del Carpio, abogada y profesora de Derecho Civil; una de tantos juristas que lleva meses luchando contra este atropello, Quiero felicitarle por su valiente e impecable oposición a la retirada de la tasa judicial; su intervención en el Congreso fue extraordinaria. Y también quiero rogarle que tengan en cuanta, su grupo parlamentario y los demás de oposición, que esa subida del 167% que están ustedes difundiendo ya sería grave, pero no es la correcta en muchos casos; es MUCHO PEOR.
    1) Lo que se pretende no es subida, sino implantación, porque ahora no hay tasas para personas físicas y para las jurídicas sólo para las entidades mercantiles de gran facturación; los juristas sabemos de qué estamos hablando, pero hablar de “subida· induce a error al ciudadano común y a los medios de comunicación.
    2) Y, lo más importante, el criterio increíble de sumar a una tasa fija ya de por sí inadmisible otra variable descabellada en función de la cuantía procesal, no da lugar a subidas de hasta el 167%, sino de mucho más, incomparablemente más. Me permito remitlrle a mi blog jurídico veronicadelcarpio.wordpress.com, donde figuran numerosos ejemplos calculadora en mano, y aquí le copio un caso real: el de un tetrapléjico de Ourense que reclama una indemnización, defendido por un abogado de Ourense. Ocupante de un vehículo que sufre tetraplejia y multiples lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico; entre lesiones, secuelas, invalidez, ayuda de tercera persona, etc. importe de la reclamación a las compañías aseguradoras del vehículo en el que viajaba y del tercer implicado: 1.300.000 €.

    Tasa judicial que correspondería por interponer demanda en primera instancia: (300 €+ 0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 1.000.000 €) 6.050 €. Hoy pagaría: 0.
    Si hubiese que recurrir en apelación (800 € + 0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 1.000.000 €) : 6.550 €. Hoy pagaría: 0
    Si hubiese que llegar al Tribunal Supremo en recurso de casación (1.200 € + 0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 1.000.000 €): 6.950 €. Hoy se pagaría: 0
    Total para las tres instancias: 19.550 €. Lo que pagaría ahora: cero.

    Esto no es una “subida” de “hasta” un 167%. Por favor, no olviden la tasa variable, aplicable en todas las instancias y actuaciones. Y tampoco olviden, por cierto, que cuando no se adelanta la tasa por el particular al no ser demandante, reconviniente (pagar defenderse incluso si no se ha querido el pleito!!!) o recurrente, se repercute a los que pierden en costas, como los desahuciados por ejecuciones hipotecarias, en las que la cuantía procesal se calcula por el valor de tasación inicial del piso.

    Dice usted que si un solo ciudadano no puede acceder a la Justicia, ya sería intolerable; tiene usted toda la razón, y triste es que haya que recordarlo. Si entra usted en mi blog verá las circunstancias de este ciudadano tetrapléjico: no puede acceder a la justicia porque no puede pagar estas cantidades. Ni la mayoría de los justiciables que conozco podría hacerlo tampoco.

    Y hablando de desigualdad procesal e indefensión: el particular paga la tasa y un 21% de IVA por las minutas de los profesionales que lo defienden, el Estado no paga tasa ni IVA, y las empresas pagan tasa e IVA y se deducen IVA, tasa y minutas.

    Los abogados iremos donde haga falta, Tribunal Constitucional y TEDH, en defensa del justiciable, y el TC solo puede decir una cosa: que esto es inconstitucional por atentar contra la tutela judicial efectiva y discriminatorio porque paga lo mismo una multinacional que un justiciable al límite de la justicia gratuita. Pero en el largo camino hasta la declaración de inconstitucionalidad quedarán irremisiblemente perdidos los derechos de muchos, muchísimos, los más débiles. Los recursos de inconstitucionalidad pueden ir más deprisa que los amparos y las cuestiones de inconstitucionalidad que con seguridad absoluta se van a interponer. La ciudadanía y el Estado de Derecho merecen que ustedes, todos los grupos parlamentarios de oposición, no toleren este atropello. Hicieron bien en unirse todos los grups sparlamentarios en su plante; desde aquí, públicamente, en nombre de los muchos abogados que estamos luchando contra esto, en nombre de la ciudadanía que quedará indefensa, en nombre del Estado de Derecho, en nombre de la Constitución, les pido que también se unan para interponer recurso de inconstitucionalidad si esto se aprueba, como tememos. Ninguna crisis puede justificar esto. Hay un límite: el Estado de Derecho. Gracias por su atención.

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