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Asustar, engañar y empobrecer a los pensionistas


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Carles Campuzano

Nacido en Barcelona en 1964, licenciado en Derecho y diputado de CiU en el Congreso desde 1996. Miembro del consejo ejecutivo nacional de Convergència Democràtica de Catalunya.


Escrito el 13 de diciembre de 2012 a las 16:41 | Clasificado en CiU

El diputado de CiU critica la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones, al tiempo que le acusa de mentir.

La decisión del Gobierno de Rajoy de no revalorizar las pensiones según el IPC real es una decisión injusta, que castiga a los sectores más vulnerables de la sociedad y que incumple las recomendaciones del Pacto de Toledo, que establecen que los pensionistas “son uno de los sectores más perjudicados por las variaciones crónicas que la inflación ocasiona sobre el coste de la vida”. Al contrario, apuestan por la revalorización anual “como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”.

En la preservación de la mínima cohesión social que cualquier sociedad decente exige, los sistemas pensiones juegan un papel fundamental desde la perspectiva de la reducción de la pobreza entre las personas mayores. Y en las sociedades del sur de Europa, con Estados del Bienestar menos desarrollados y potentes que aquellos que se han construido durante todo el siglo XX en el centro y el norte del Viejo Continente, las familias constituyen un colchón fundamental de ese bienestar.

En el caso del Estado español eso tiene consecuencias evidentes. Según el estudio ‘Crisis y fractura social’ auspiciado por la Caixa, una de cada cinco familias en la que todos sus miembros están desempleados dependen de las pensiones de sus mayores para vivir. Si las familias y el sistema de pensiones han constituido una de las barreras principales en el deterioro de la vida de miles de personas, la decisión del Gobierno agudiza el riesgo de fractura social y deja en la cuneta a las personas más vulnerables. Esas familias, fruto del deterioro de su poder adquisitivo, van a ser más pobres. Para miles de familias se está superando aquello que es humanamente aceptable.

Por eso fundamentalmente hay que rechazar la decisión del Gobierno español. Pero además, y visto desde Cataluña, y después de la reciente campaña electoral, me parece aún más lamentable la decisión gubernamental. Se intentó asustar a los pensionistas catalanes con la mentira de que un Estado propio para Cataluña ponía en riesgo las pensiones de estos pensionistas, mientras el Gobierno afirmaba en publico que iba a cumplir la ley que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo.

Pasadas las elecciones, sin ningún tipo de rubor, el Gobierno anuncia que no va a cumplir la legislación, aprueba el correspondiente decreto-ley y empobrece a esos mismos pensionistas que intentó asustar. Como mínimo, el Gobierno debería de empezar por pedir perdón. Y luego rectificar.

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