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Déficit público y estado del bienestar


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Carles Campuzano

Nacido en Barcelona en 1964, licenciado en Derecho y diputado de CiU en el Congreso desde 1996. Miembro del consejo ejecutivo nacional de Convergència Democràtica de Catalunya.


Escrito el 16 de mayo de 2013 a las 13:24 | Clasificado en CiU

Que el Gobierno no amplíe el margen de déficit a las autonomías es injusto, pero no para ellas, sino para los ciudadanos, sobre quienes recaerán inevitables recortes

La batalla por la flexibilización de los objetivos de déficit público de las Comunidades Autónomas es fundamentalmente una batalla en defensa del Estado del Bienestar. Que nadie se equivoque. El 90% de la inversión en sanidad y educación se concentra en los presupuestos de las autonomías.

En el caso de Catalunya la suma de esas partidas, más servicios sociales, vivienda y transporte público superan el 80% del gasto de la Generalitat. Un objetivo de déficit como el que el Gobierno ha propuesto para las Comunidades Autónomas va a implicar necesariamente más recortes en aquello que es fundamentalmente para el presente y el futuro de las familias que son la educación y la sanidad.

En este sentido no podemos olvidar los ajustes que los gobiernos autonómicos vienen haciendo desde 2009 y que han implicado, entre recortes y aumentos de impuestos y tasas más de 20.000 millones de euros, llevándose la reducción del gasto la parte más significativa, con más de 15.000 millones de euros, de la consolidación fiscal.

La disminución de los sueldos de los trabajadores públicos (médicos, enfermeras, maestros, profesores, bomberos, policías…), la reducción de plantillas, la disminución de los servicios públicos y la desaparición de programas de carácter social explican ese esfuerzo de reducción del déficit que debilita la calidad de los servicios públicos y su capacidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos.

No puede ser el recorte la única divisa para evitar el incremento del déficit o alcanzar su reducción. Hemos llegado al límite. Continuar en esa senda nos lleva al precipicio, en la medida que implica cerrar escuelas, centros de asistencia primaria, centros de día o ayudas para mayores, niños en riesgo de exclusión o personas con discapacidad.

La propuesta formulada en su día por el Conseller de Economía del Govern catalán de distribuir los objetivos de déficit del conjunto de las administraciones en función del peso del gasto público en cada una de ellas pretendía articular de manera equilibrada un reparto de las responsabilidades de cada una de las administraciones. Lo razonable, y lo que tiene sentido de acuerdo al objetivo del 6,3% que propuso el Gobierno para este año, es que el conjunto de las comunidades se marcasen a un objetivo del déficit del 2,1%, es decir, a un tercio del gasto total de las administraciones públicas que es el que les corresponde a las comunidades autónomas.

Este hecho no impediría continuar ajustando los gastos e incrementando la presión tributaria a los ejercicios presupuestarios anteriores. Si el margen del Estado central, fruto de la flexibilización de los objetivos de déficit publico que han facilitado las instituciones europeas, ha pasado del 3% al 6,5% (y no al 6,3% que aún predica el Ejecutivo) es injusto, no para las comunidades autónomas, sino para personas, familias, empresas y organizaciones sociales, que el limite autonómico solo pase del 1,1 al 1,2.

Ahí está el problema.

A José Antonio Monago y compañía hay que decirles que su problema no es la asimetría que en esta materia se reclama desde Catalunya, el País Valencia y las Islas Baleares, junto con Murcia y Andalucía, sino el objetivo global que propone el Gobierno. Y en cualquiera desde estos territorios, al menos en el caso de catalanes, valencianos y baleares, debemos recordar que nuestro mayor endeudamiento y mayor déficit público tiene mucho que ver con el sistema de financiación vigente y el consiguiente déficit fiscal.

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