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La no política de la atención a la dependencia


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Carles Campuzano

Nacido en Barcelona en 1964, licenciado en Derecho y diputado de CiU en el Congreso desde 1996. Miembro del consejo ejecutivo nacional de Convergència Democràtica de Catalunya.


Escrito el 3 de mayo de 2013 a las 13:25 | Clasificado en CiU

La Ley de Dependencia no sólo estuvo mal formulada en su inicio, sino que además ahora los recortes la hacen inviable justo cuando es más necesaria

La denominada Ley de Dependencia adoleció ya desde su gestación de dos enormes debilidades. Por un lado, su diseño institucional era anticuado, respondiendo a un modelo de intervención pública más propio de los años ’80, por su concepción extremadamente burocrática, con un clara invasión de las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en materia de servicios sociales, una absurda desvinculación con el sistema de salud y la pretensión de resolver en una misma norma la necesidades de las personas mayores con las necesidades de las personas con discapacidad.

Por otro lado, la ley nunca estuvo acompañada de la voluntad política de movilizar los recursos que la ambición que proclamaba exigía, que era nada más y nada menos que desarrollar el cuarto pilar del estado del bienestar. Todo lo contrario. Los recursos que la Administración central aportaba eran insuficientes desde el primer día, ya que nunca se contempló que dicha financiación respondiese a los costes reales de los servicios a prestar, hecho que ha provocado una enorme presión sobre el gasto real que debían efectuar las Comunidades Autónomas. Además, se trataba de una financiación limitada en el tiempo, en la medida que legalmente la aportación del Estado sólo está garantizada hasta el año 2015.

Añadamos a ello que se descartó cualquier fórmula de financiación finalista para las políticas de dependencia (recargo en el IRPF, aseguramiento obligatorio público o privado..), quedando su futuro ligado a la evolución de los ingresos fiscales ordinarios, y que para evitar el aumento del gasto se priorizaron las ayudas a los cuidadores familiares y no la puesta en marcha de servicios para atender a las personas. El resultado, en este último aspecto, ha sido que el potencial de creación de empleo que se presumía que la nueva legislación tenía que promover ha quedado muy por debajo de las expectativas previstas.

Con la llegada de la crisis y la implementación de las políticas de consolidación fiscal, el modelo previsto por la ley entró en crisis. A la frustración que la ley generó desde el primer día (retrasos en la valoración, retraso en el pago, insuficiencia de las cuantías…) se añadió entonces un retroceso en todos los ámbitos.

Según el propio Gobierno, en estos años se ha producido “una minoración de las cuantías correspondientes al nivel mínimo de protección garantizado, la reducción de las cuantías máximas de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales y la modificación del calendario de aplicación de los servicios y prestaciones para aquellos que se encuentren en una situación de Dependencia Moderada, retrasándose hasta julio de 2015”.

Y eso sin contar la pretensión de incrementar el copago y la desaparición del nivel convenido de cofinanciación. El Gobierno considera que “será en 2013 y 2014 cuando se prevé que el ahorro ascienda a 1.391 y 1.473 millones de euros respectivamente”.

La dependencia, en pedazos

Ahora bien, si decíamos que la ley estaba mal diseñada y peor financiada, lo cierto es que las necesidades que pretendía resolver están allí. Los cuidados necesarios para las personas dependientes se están incrementando, y lo harán con más intensidad ante la inminente llegada a la jubilación de la generación del ‘babby boom’. Y no es realista pensar que van a encontrar respuesta en la forma tradicional de atención, o sea a través de sus familiares, fundamentalmente esposas e hijas.

Tampoco es realista, ni demasiado inteligente, dejar en manos de las soluciones que ofrece la economía sumergida. La aspiración a la vida independiente de las personas con discapacidad va a ganar legitimidad y los problemas de las familias jóvenes con niños pequemos con discapacidad están ahí con toda su dureza.

La solución no puede ser mantener un mismo enfoque, la ley de de 2006, recortado por doquier. Se necesita ya, y precisamente vinculada a las políticas de crecimiento y recuperación, una nueva política en esta materia, que garantice la calidad de vida de las personas dependientes y sus familias, que promueva la vida independiente de las personas con discapacidad, que genere empleo y ingresos fiscales y que sea sostenible financieramente.

Ese es el reto de fondo al que el Gobierno parece incapaz de dar respuesta en la medida que su única política económica es la reducción del gasto público, y eso sabemos que sólo nos conduce al abismo.

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