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Ley de Dependencia y la frustración


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Carles Campuzano

Nacido en Barcelona en 1964, licenciado en Derecho y diputado de CiU en el Congreso desde 1996. Miembro del consejo ejecutivo nacional de Convergència Democràtica de Catalunya.


Escrito el 8 de marzo de 2014 a las 10:27 | Clasificado en CiU

Si la Generalitat no realizara el esfuerzo que realiza, la capacidad de garantizar servicios y prestaciones sería todavía más limitada de lo que es hoy.

La Ley de la Dependencia, bien intencionada y acertada en el diagnóstico sobre la necesidad de una política de atención a los cuidados de larga duración, generó enormes expectativas entre las personas mayores y sus familias, así como en las personas con discapacidad. Incluso provocó que un significativo sector empresarial viese en los servicios de atención a los mayores una considerable oportunidad de negocio. Finalmente, la expectativa se ha visto frustrada para cientos de miles de personas y también para aquellos sectores empresariales que apostaron por el desarrollo de la ley.

La crisis que nos golpea desde finales de 2007 explica parte de la frustración, pero algunos de los pecados originales de la ley son determinantes para entender por qué el sistema, que con tanta ambición e ilusión se generó, no sólo no ha colmado esas expectativas, sino que ha provocado tanto desengaño.

Uno de esos pecados originales fue, sin lugar a dudas, el sistema de financiación de las prestaciones y servicios que la ley contempló. La norma, que nunca tuvo un compromiso a fondo del Ministerio de Economía y Hacienda, con el objeto de diseñar un escenario serio de movilización de los recursos necesarios para desplegar la ley desde el punto de los servicios que las familias y las personas necesitan, tampoco tuvo en cuenta el coste efectivo de las políticas a implementar cuando se trataba de definir cuál debía ser la aportación del Estado y la aportación de las comunidades autónomas.

Si bien, en algún momento, se llegó a afirmar que el Estado y las comunidades financiarían al 50% el despliegue de la ley, lo cierto es que lo contemplado por el texto legal fue que la aportación de las comunidades igualaría a la aportación que hiciese el Estado, que la aportación del Estado no estaba vinculada al coste efectivo de los servicios en cada uno de los territorios y que, si la suma de esa aportación paritaria entre Estado y Autonomía no cubría el 100% del coste del servicio, sería la comunidad quien debería decidir si el ciudadano, por la vía de copago, se hacía cargo del resto del coste, o seria la propia comunidad quien lo asumiese.

En el caso de Catalunya, las cifras de la participación de las dos administraciones han sido siempre escandalosamente favorables al Gobierno, recayendo el mayor esfuerzo de financiación en el Gobierno de la Generalitat. En 2008, cuando la ley empieza a aplicarse, la Generalitat asumió el 65,6% de la financiación pública y el Estado el 37,2%. Los recortes que el PP ha efectuado durante estos dos años han agravado la situación, llegando al extremo de que en la actualidad la financiación de la Generalitat representa el 87% de la aportación pública.

Y es que si la Generalitat no realizara ese esfuerzo, la capacidad de garantizar servicios y prestaciones, que sería todavía más limitada de lo que lo es hoy, se vería mermada por limitaciones mucho mayores que las que padece hoy. Pero es que, además, la obligación de movilizar recursos para aplicar la ley de la dependencia limita la capacidad de continuar invirtiendo en otras políticas sociales, singularmente en el ámbito de la discapacidad.

Estas grandes cifras, por otro lado, son tendencia en el conjunto de las Comunidades Autónomas. Es sobre los gobiernos autonómicos sobre quienes recae, casi ya en solitario, el coste de financiar una ley aprobada por las Cortes Generales

Al final quien padece las consecuencias de este pésimo sistema son las personas dependientes y sus familias. Y lo más grave es que el Gobierno español no parece tener ninguna idea ni ninguna propuesta para abordar la cuestión principal, una necesidad que va en aumento, y que es el (tener cura) prestar cuidados y atención a las personas dependientes, promoviendo su autonomía personal y facilitando una vida digna para ellos y sus familias.

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