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Los trabajadores de más edad deben ser una prioridad


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Carles Campuzano

Nacido en Barcelona en 1964, licenciado en Derecho y diputado de CiU en el Congreso desde 1996. Miembro del consejo ejecutivo nacional de Convergència Democràtica de Catalunya.


Escrito el 27 de junio de 2013 a las 10:51 | Clasificado en CiU

En el debate del empleo, la situación de los desempleados y los trabajadores de más edad está absolutamente ausente. Parece como si la realidad de hombres y mujeres de más de 50 años no preocupase.

La prioridad de la lucha contra el desempleo de los jóvenes ocupa buena parte de la atención de los gobiernos de la Unión Europea en los últimos meses. Los discursos públicos advierten del riesgo de una generación perdida y el recuerdo de la Europa de entreguerras se vislumbra detrás de la preocupación sobre el masivo desempleo entre los jóvenes. De momento, la retórica no va acompañada de los medios necesarios para combatir con eficacia esa lacra. Los 6.000 millones de euros comprometidos para un periodo de 7 años para toda la Unión Europea parecen, a todas luces, claramente insuficientes.

Y vamos a ver si, en el próximo Consejo Europeo, se movilizan nuevos recursos que permitan a las pequeñas y medianas empresas acceder a la financiación, imprescindible para que la actividad económica se recupere y vuelva a crear empleo con la intensidad necesaria como para reducir unas tasas de desempleo, en cualquier caso, inaceptables socialmente.

En este debate, la situación de los desempleados y los trabajadores de más edad está absolutamente ausente. Parece como si la realidad de hombres y mujeres de más de 50 años no preocupase.

Veamos algunas cifras: el número de desempleados mayores de 55 años ha pasado de poco más de 157.000 personas en 2008 a más de 577.000 en el primer trimestre de 2013 y el paro de larga duración castiga a más del 70% de los desempleados de esas edades.

Unos desempleados que, a menudo, provienen de sectores productivos en los que en el futuro se va a crear muchos menos puestos de trabajo, con todo lo que ello implica; desempleados con déficits formativos importantes que implican que sea más difícil su reincorporación al empleo; con cargas familiares a sus espaldas en el contexto de un mercado laboral que tampoco ofrece oportunidades a unos jóvenes que están retornando a la formación y retrasando su emancipación; y una cultura empresarial que ve a los trabajadores más maduros como una carga, más que como una garantía de experiencia y madurez, hecho que lleva a la discriminación por razones de edad en un número importante de procesos de selección de nuevos empleados.

Todo ello debería llevar al Gobierno a una activa y decidida política para mantener en el empleo a estos trabajadores más maduros, a promover su reincorporación al empleo, a invertir en su formación para garantizar una adecuada adaptación a los nuevos requerimientos de una economía en transformación, a sensibilizar al conjunto de la sociedad con la importancia de los activos de más edad, a combatir la discriminación por razones de edad, a impulsar una organización del trabajo más flexible a través de una negociación colectiva que tenga en cuenta las necesidades de estos trabajadores.

De momento, el Gobierno popular ha desarrollada un paquete muy escaso de medidas en este ámbito. Más allá de la denominada “enmienda Telefónica”, que ha tenido hasta la fecha unas consecuencias prácticas diría que más bien escasas, las medidas para combatir la discriminación por razón de edad son inexistentes.

Y en determinadas materias los retrocesos han sido evidentes: supresión de los incentivos al mantenimiento del empleo de los trabajadores de más de 60 años, fin de las bonificaciones a la contratación de los mayores de 45 años, endurecimiento de las condiciones para acceder al subsidio para mayores de 55 años, nuevas limitaciones a la jubilación parcial, incremento de los coeficientes reductores en la jubilación anticipada… un conjunto de medidas que, sin lugar a dudas, terminan castigando a aquellos trabajadores maduros que han perdido su empleo y se ven abocados a la jubilación prematura como única alternativa ante la ausencia de una oportunidad para trabajar.

Recientemente la tripartita Organización Internacional del Trabajo afirmaba que “en la práctica, los trabajadores más jóvenes no pueden sustituir fácilmente a los trabajadores mayores. La evidencia sugiere que las políticas de jubilación anticipada no han generado empleos para los grupos de personas más jóvenes”. No se trata de ofrecer empleo a los jóvenes y jubilar a los mayores. ¡Se trata de promover empleos para todos!

Una sociedad incapaz de aprovechar todo el potencial de los activos de gran experiencia que son los trabajadores de más edad, tiene un grave problema. Y es que, precisamente, cuando el  empleo ocupado es la base de la posición social y la sede de la identidad de las personas, en palabras del sociólogo Gil Calvo, no se puede ser tan cruel con los maduros. Los maduros y las maduras deben ser prioritarios.

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