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Sin equidad no hay reforma válida de las pensiones


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Carles Campuzano

Nacido en Barcelona en 1964, licenciado en Derecho y diputado de CiU en el Congreso desde 1996. Miembro del consejo ejecutivo nacional de Convergència Democràtica de Catalunya.


Escrito el 31 de mayo de 2013 a las 8:34 | Clasificado en CiU

La reforma de la edad de jubilación, la crisis y la llegada de los ‘baby-boomers’ obliga a replantear algunos aspectos para ser justos.

A la espera de conocer el informe que debe elaborar un grupo de expertos nombrados por el Gobierno sobre el denominado “factor de sostenibilidad”, me parece interesante recordar algunas evidencias que ayuden a entender en qué momento nos encontramos en relación a las reformas que necesita el sistema de pensiones frente al reto de la próxima jubilación de los primeros “baby boombers” en el contexto de esta durísima crisis.

En primer lugar, es necesario recodar que están en vigor las principales medidas que se aprobaron en la reforma de pensiones promulgada en 2011 solo desde el 1 de enero de 2013. En concreto, desde el 1 de enero hemos iniciado el proceso gradual de aumento de la edad legal de jubilación (un mes más) y el aumento del periodo de cálculo de las pensiones (un año más). No fue esta una reforma menor, ni mucho menos. Quizás fuera, de hecho, la más profunda desde 1997. Tuvo además el concurso de los agentes sociales, con todo lo que supone, y se consideraba entonces que una reforma gradual en el tiempo evitaba perjudicar a las personas que estaban en la edad próxima de jubilación y les concedía al resto un margen para ir adaptándose a la nueva regulación.

En segundo lugar, la reforma de 2011 incorporaba, precisamente, el factor de sostenibilidad como elemento de ajuste automático de los principales parámetros del sistema de pensiones en función de la esperanza de vida a partir del año 2027. El Gobierno socialista consideró entonces que este factor de sostenibilidad, cuya formulación quedaba abierta, implicaba en la perspectiva del año 2050 un no incremento del gasto en pensiones equivalente al 1,5% del PIB. Se trataba, pues, de una medida de ahorro de carácter automático, sin duda alguna muy relevante y decisiva en la contención del gasto total en pensiones a medio plazo.

Ciertamente este aspecto no era ni mucho menos secundario en la reforma del 2011. Todo lo contrario: la valoración positiva que la Unión Europea y la OCDE dieron a la reforma tenía mucho que ver con la incorporación del factor de sostenibilidad.

Desde este punto de vista, definir hoy el factor de sostenibilidad es razonable en la medida que da credibilidad a una reforma en vigor y que en esta materia quedaba abierta.

Hoy tenemos otras dos discusiones.

Por un lado, la prolongación y la intensidad de la crisis abren el debate sobre la conveniencia de acelerar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. La ley de estabilidad presupuestaria abrió esta posibilidad. Ahora bien, un ajuste de este tipo no puede olvidar que para muchas personas próximas a la edad de jubilación un cambio súbito de las reglas puede perjudicarles a pesar de haber desarrollado una larga carrera de cotización. Habrá que ser prudente si se quiere ser justo.

Por otro lado, la reducción del déficit como única política económica existente ahora ha abierto el debate sobre la modificación o no del actual sistema de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, piedra angular del Pacto de Toledo y fórmula que evite un lento declive de la capacidad de consumo de los pensionistas y su correspondiente empobrecimiento.

Me parece que sería un grave error desvincular, sin más, las pensiones de la evolución de los precios no teniendo en cuenta las consecuencias sociales para los pensionistas, en especial para las pensiones medias y bajas, de estas medidas. Condenaríamos a cientos de miles de pensionistas a la pobreza en los próximos años. Y también a muchas familias, que ven hoy en las pensiones de sus padres o abuelos el último refugio donde resistir los embates de la crisis. Eso sin olvidar, además, las consecuencias para el consumo interno que tendría una disminución de la renta disponible el empobrecimiento de los pensionistas.

El sistema de pensiones necesita adaptarse a los cambios demográficos, económicos y sociales, pero las reformas no pueden pervertir y olvidar que un sistema público de pensiones está justificado por su orientación a reducir al máximo el riesgo de pobreza entre los mayores. Los criterios actuariales son básicos y deben de ser considerados, pero sin equidad una reforma de pensiones que reduzca las actuales pensiones es social y políticamente inviable.

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