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Sin política de empleo


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Carles Campuzano

Nacido en Barcelona en 1964, licenciado en Derecho y diputado de CiU en el Congreso desde 1996. Miembro del consejo ejecutivo nacional de Convergència Democràtica de Catalunya.


Escrito el 19 de mayo de 2014 a las 12:13 | Clasificado en CiU

Las autoridades internacionales advierten de la larga travesía en el desierto que espera todavía en la senda del empleo, aunque el Gobierno no parece encontrar la ruta adecuada a seguir.

A pesar de que la situación del mercado de trabajo se haya estabilizado y tímidamente  se haya empezado a crear empleo, las perspectivas de los organismos internacionales y europeos en esta materia son demoledoras para  los próximos años: hasta 2019, se nos advierte, vamos a convivir con una  tasa de desempleo superior al 20%. En cualquier caso esa perspectiva es insoportable en términos sociales, económicos y políticos.

Desde el punto de vista del empleo en la situación que estamos padeciendo hay algunas cuestiones claves a considerar y que afectan de manera decisiva al enfoque y las prioridades de las políticas a desarrollar.  Una parte muy significativa  de la masiva destrucción del empleo esta directamente vinculada al estallido de la burbuja inmobiliaria; parte de la solución al alto nivel de paro existente tiene que ver con el traspaso de trabajadores vinculados a los sectores que protagonizaron esa burbuja a nuevas actividades económicas, y ahí pesan sustancialmente los problemas de la falta de adecuación de la formación de buena parte de nuestras personas desempleadas.

En este sentido es bueno recordar  que la Comisión Europa recomienda a España “adoptar y aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo, con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas con menos acceso al mercado de trabajo y mejorando el objetivo, la eficacia y la eficiencia de las medidas de apoyo, incluidos los servicios de ayuda a la calidad de las familias”

El Gobierno español va en la dirección contraria. Desde el año 2012, el Gobierno del PP ha disminuido en un 57% los recursos de las políticas activas de empleo. En el caso de la Generalitat hemos pasado de recibir en 2011 443 millones de euros, a recibir en 2014 176 millones en políticas de empleo. En 2014, en concreto, se ha vuelto a reducir la transferencia de recursos a la Generalitat en más de 17 millones de euros.

En paralelo, 2014 ha profundizado en la recentralización de unos recursos que deberán ser gestionados por las CCAA: todas las CCAA han perdido del 7,9 de sus recursos y el Servicio Público Estatal de Empleo los ha aumentado en un 46,59%.

Más recentralización significa más lejanía respecto las necesidades de las personas paradas y las empresas, y un tratamiento más burocrático de los programas de empleo a desarrollar, centrado en una política de bonificación al empleo de dudosa eficacia y cara.

La situación es preocupante. Tenemos más de seis millones de desempleados, de los cuales más de la mitad no han completado la Educación Secundaria Obligatoria. Muchos de ellos cuentan con experiencia laboral en un sector, como es la construcción, en  el que durante los próximos años se va a crea muy poco empleo. Pero es que, además, el 60% de estos desempleados poco cualificados son ya parados de larga duración, con más de un año sin trabajo.

Ahí tenemos otro problema. La evidencia nos demuestra que como más tiempo esté en situación de desempleo una persona, más difícil es la posibilidades de volver a encontrar empleo, entre otras razones por la pérdida de empleabilidad que esa situación supone.  La trascendencia de las políticas de ocupación, vinculadas a la formación y el reciclaje, es precisamente ésta: facilitar las transiciones del desempleo a la ocupación, por la vía del acompañamiento y la mejora de las cualificaciones de las personas.

Continuar sin invertir en los servicios públicos de empleo, recortar los recursos que gestionan las Comunidades Autónomas, no desarrollar la colaboración público-privada en este ámbito o continuar gastando en una política de bonificaciones que es cara y poco útil no parece lo más adecuado para afrontar el  enorme reto planteado.

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