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Dar la voz a 70.000 personas que reclaman su derecho constitucional


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Rafael Larreina

Diputado de Amaiur. Impulsor de Eusko Alkartasuna desde su fundación, fue diputado vasco durante dos décadas representando a esa formación, en nombre de la cual fue uno de los firmantes del Pacto de Estella.


Escrito el 6 de diciembre de 2012 a las 11:40 | Clasificado en Opinión

El diputado de Amaiur Rafael Larreina cuestiona con cifras la salud de nuestro sistema penitenciario.

Mientras se leen estas líneas yo estaré trabajando, aunque oficialmente sea la fiesta de la Constitución, preparando la defensa ante el pleno del Congreso de una moción que pide la elaboración de un libro blanco sobre el sistema penitenciario en el Estado español. Habrá quien piense que esto es una provocación de un ‘separatista’ obsesionado por desmarcarse de ese texto constitucional. Nada más lejos de la realidad. En todo caso se trataría de una obsesión por rescatar los aspectos positivos que aportó aquel texto constitucional y que a lo largo de tres décadas se han ido diluyendo cuando no desnaturalizando.

El texto constitucional en el inicio de su recorrido histórico aportó avances significativos en el ámbito del reconocimiento de los derechos individuales y sociales, que contrastaban con el nulo avance en el reconocimiento de los derechos colectivos de la ciudadanía que forma parte de los pueblos o naciones incluidas, en todo o en parte, dentro del Estado español.

Ejemplos de esta desnaturalización de los derechos individuales y sociales podemos encontrar muchos: desde los límites a la libertad de expresión que han supuesto el cierre de medios de comunicación que, cuando ya eran irreversibles, anularon los tribunales, pasando por la inacción a la hora de prevenir, evitar o castigar, la tortura. Y de ahí hasta llegar a limitar el derecho a la participación política mediante el ejercicio del derecho activo o pasivo al voto, y todo eso por no hablar de la paulatina transformación de la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad.

Dentro del campo de los derechos sociales -que tienen siempre una concreción individual-, podríamos también preguntarnos, en estos agitados tiempos de profunda crisis económica con sus secuelas de paro y desahucios, ¿que ha pasado con el derecho al trabajo o a la vivienda para tantas personas jóvenes y no tan jóvenes?

Presos, no sólo de ETA

Mucho habría que hablar de todo esto en las tribunas institucionales y públicas, pero de lo que he decidido hablar es de los derechos de un colectivo de personas que normalmente no cuentan ni para la sociedad, ni para las instituciones ni para el Gobierno: me refiero a esas setenta mil personas -así, resaltado- que están en prisión y a las que se les está privando del derecho que tienen recogido en el artículo 25 del texto constitucional español: aquel que dice que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

Prueba evidente de que no cuentan para el Gobierno es que el otro día el ministro del Interior, cuando yo le planteé la cuestión, sólo se le ocurrió hablar de los presos de ETA (que son alrededor de 500) olvidándose del resto que llegan a unos 70.000.

El martes volveremos a darles voz, a llevar la voz de esas setenta mil personas a la tribuna del Congreso exigiendo que se haga realidad su derecho constitucional a reintegrarse cuanto antes a la sociedad para poder aportar en positivo su contribución al bien común, que se pongan los medios para hacerlo realidad, pues no son válidas las balbuceantes palabras del Ministro diciendo que tenemos el mejor sistema de Europa. Los datos lo desmienten.

Las estadísticas de la cárcel

El Estado español está situado en los primeros puestos de cabeza de los estados de la Unión Europea en número de personas en prisión por cien mil habitantes. Hay una elevada reincidencia, pues dos de cada tres personas en prisión vuelven a cometer un delito cuando salen de la cárcel, el trece por ciento han estado en un centro de internamiento de menores, el ochenta por ciento de los que pisaron la celda con 20 años volverán a hacerlo cuatro veces más y también el ochenta por ciento de los reclusos han tenido o tienen problemas con el consumo de drogas y sólo el veinte por ciento recibe tratamiento.

Frente a esta realidad de las personas que están en prisión, tenemos un sistema penitenciario que no ha funcionado nunca y que lleva camino de colapsarse por la superpoblación, por el recorte de medios económicos, sanitarios, educativos y personales; un sistema penitenciario promotor de macro cárceles que se convierten en almacenes de personas, en sistemas de ocultación de una realidad incómoda para una sociedad acomodada; un sistema penitenciario inspirado más en el principio vindicativo que en el de la reinserción. Un sistema penitenciario que cada vez está más lejos de la letra y el espíritu inicial del texto constitucional.

Por eso hoy trabajaremos para dar voz a esas setenta mil personas y a sus familias que reclaman su derecho de ciudadanía, su derecho a contribuir al bien común, a vivir con dignidad

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