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El desahucio del estado de derecho en España


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Rafael Larreina

Diputado de Amaiur. Impulsor de Eusko Alkartasuna desde su fundación, fue diputado vasco durante dos décadas representando a esa formación, en nombre de la cual fue uno de los firmantes del Pacto de Estella.


Escrito el 22 de noviembre de 2012 a las 13:28 | Clasificado en Opinión

El diputado de Amaiur Rafael Larreina acusa a Interior de estar tras una campaña contra Artur Mas y relata otros casos similares

A pesar de la campaña electoral catalana, estos últimos días el debate político no ha estado centrado en el modelo de país y de sociedad que desean las diferentes fuerzas políticas catalanas para sus conciudadanos. La atención mediática se ha centrado en si algunos lideres convergentes -incluido el actual President de la Generalitat- tienen cuentas bancarias en Suiza con fondos de oscuro origen.

En mi opinión ésta tendría que centrarse en el grave problema de cultura democrática que existe en el Estado español cuando desde un Gobierno, desde un Ministerio de Interior, desde un Ministerio de Hacienda, se siembra la presunción de culpabilidad con supuestos documentos e investigaciones que ni se ponen a disposición del juez, ni se da razón de su existencia. Ahora bien, se filtran y se les da credibilidad en medio de una campaña electoral que en su desarrollo normal apuntaba a un resultado electoral que cuestiona la actual composición del Estado.

No es nueva esta interferencia claramente antidemocrática. En Euskal Herria en el pasado también desde el Ministerio de Interior se han articulado presunciones de culpabilidad en base a chapuceros informes policiales con el fin de variar antidemocráticamente el mapa político. En el intento de ilegalización de Bildu en las elecciones municipales uno de los motivos argüidos era la presencia en las listas de una persona que supuestamente había estado relacionada con el entorno terrorista. Esa persona era un alcalde de Eusko Alkartasuna que, en esos mismos días en los que desde Interior se le señalaba como evidencia de apoyo a la ilegalización, recibía un reconocimiento público de la Guardia Civil por el apoyo humanitario que había prestado a los afectados por el atentado a un cuartel de dicho cuerpo armado.

Obviamente, en ese planteamiento impulsado desde Interior no estaba ni la defensa de la libertad, ni el reforzamiento de la democracia, ni el respeto al estado de derecho, ni siquiera el respeto a la profesionalidad policial. Estaba simplemente la decisión de aplicar el principio tan poco democrático de que el fin justifica los medios para intentar salvaguardar una concepción del Estado que, imbuida de un nacionalismo español excluyente, niega la realidad de la existencia en su seno de diferentes identidades nacionales, de sociedades claramente diferenciadas.

Dicha interferencia, ni es nueva ni lleva camino de desaparecer. Recientemente, desde ese mismo Ministerio del Interior se alardeaba públicamente de que se vigilaba de cerca a un grupo parlamentario y su actividad política en las Cortes Generales sin sonrojarse siquiera ante una interferencia en la labor política de un grupo de la oposición que en cualquier Estado de nuestro entorno europeo habría supuesto un escándalo y la dimisión, como mínimo, del Ministro, cuando no de todo el Gobierno. Porque no creo que ningún juez haya podido autorizar la interceptación de comunicaciones y seguimiento de actividades políticas de este diputado que escribe, o de cualquier otro, sin solicitar la preceptiva autorización a la Cámara.

Pero esto que, insisto, es impensable en cualquier Estado democrático, en el Estado español no suscita ni crítica ni escándalo. Y es que ha sido tradicional en el Estado español que los ministros del Interior, la mentalidad policial en definitiva, sean quienes intenten controlar y dirigir el sistema judicial o el legislativo, sobre todo cuando juzgan que está en peligro su concepción del modelo de Estado.

Cuando la resolución de los problemas políticos se pretende alcanzar en los tribunales o en los ‘cuartelillos’ y comisarías, lo único que se consigue es politizar la justicia, poner en solfa la libertad y disolver el estado de derecho democrático.

La resolución de los innegables conflictos políticos que existen entre el Estado español y Cataluña o Euskal Herria sólo se puede alcanzar mediante el dialogo, la negociación política y el respeto a la voluntad de la ciudadanía de cada una de esas realidades. Si Rajoy aspira a ser lo que se suele denominar ‘un hombre de estado’ debería seguir el ejemplo de Cameron en el Reino Unido o el ejemplo de Canadá a la hora de abordar el conflicto político con Quebec, donde el ámbito policial ni interviene ni interfiere, en vez de seguir desahuciando al estado de derecho.

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