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El fiscal y el derecho a decidir


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 13 de marzo de 2013 a las 10:45 | Clasificado en Opinión, PNV

No procede iniciar ninguna acción judicial contra la declaración del Parlament de Cataluña, puesto que no configura derecho positivo.

Estas semanas preñadas de problemas políticos de toda suerte y condición nos encontramos con uno que afecta directamente a la calidad democrática del Estado español: el expediente disciplinario-dimisión al Fiscal Superior de Cataluña.

El Fiscal Superior de Cataluña realizó dos afirmaciones que difícilmente se puede considerar que contravengan ningún precepto jurídico. Afirmó, en primer lugar, que hay muchos ciudadanos catalanes que creen en el derecho a decidir como su futuro político y modificar el marco institucional que les vincula al Estado (parece obvio que los hay), y dijo, en segundo lugar, que este tipo de sentimientos podrían provocar la configuración del marco institucional en el seno de las previsiones del ordenamiento jurídico (lo que corresponde defender a la Fiscalía). Afirmadas las dos anteriores obviedades, se inició la práctica de diligencias informativas que hubieran podido provocar la incoación de un expediente disciplinario, y el Fiscal Superior dimitió; o, como se suele afirmar, fue dimitido.

Todo lo anterior está incardinado a la declaración realizada por el Parlament de Catalunya, que también va a ser objeto de control por la jurisdicción constitucional española. El Gobierno español ignora que una declaración deliberativa de un Parlamento está sujeta al denominado límite negativo de la jurisdicción; no puede ser sujeta a control jurisdiccional alguno en tanto en cuanto representa o constituye el resultado de las deliberaciones ordinarias que corresponde a los representantes políticos. Y en sí misma no configuran derecho positivo.

Las afirmaciones del párrafo anterior son de universal aceptación. Se aceptan en todos los países democráticos y por todos los sistemas o escuelas jurídicas: en el Reino Unido, donde podríamos citar las obras de Marshall; en el derecho anglosajón de USA, donde se podría citar a Hughes y Tain; en el derecho continental, las reflexiones de Hegel y Max Weber, etc.

Someter a control jurisdiccional una resolución declarativa del Parlamento catalán, esta o cualquier otra, supone negar al pueblo catalán no solo el derecho a decidir sobre su propio futuro, sino que supone la negación incluso de su derecho a pensar.

En los tiempos que corren, se están traspasando peligrosamente las líneas que configuran el principio democrático. No solo se intenta someter a tutelaje declaraciones soberanas de un Parlamento, sino que se acomete este tipo de operaciones antidemocráticas por quienes tienen una pretensión casi genética a incumplir la Constitución Real Decreto Ley tras Real Decreto Ley. El debate identitario provoca terror en los órganos políticos del Estado español, más que la corrupción, más que el desempleo, más que la pobreza, más que la sanidad.

Luego dirán que el problema de la articulación institucional del Estado está resuelto.

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