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Auditoría ciudadana de la política: emergencia democrática


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Inés Sabanés

Leridana de nacimiento, vallecana de adopción. Coportavoz de la Mesa de Madrid de Equo . Llegó al partido tras militar en IU desde su fundación, donde fue diputada nacional, diputada autonómica en Madrid y concejala en el Ayuntamiento de la capital.


Escrito el 15 de diciembre de 2012 a las 12:33 | Clasificado en Equo

La número dos de Equo propone algunas medidas para sanear la política, una receta contra la corrupción basada en la transparencia.

A pesar de los múltiples episodios de corrupción que han afectado a la política en los últimos años, hasta la fecha apenas ha tenido repercusión electoral, lo cual hace pensar que en el fondo no ha existido una verdadera penalización social de las prácticas corruptas.

Sin embargo las cosas se han movido al hilo de las protestas ciudadanas. La corrupción se está percibiendo ya como algo estructural y se ha hecho muy visible la escasa voluntad para actuar sobre los síntomas y las evidencias. Esperar a que estallara y resguardarse en las múltiples grietas y recovecos de la Justicia y las instituciones ha sido la estrategia de los últimos años.

Es incomprensible el opaco y permisivo régimen de incompatibilidades funcional y económico que se ha mantenido, como ha sido demoledor el escandaloso tránsito del ámbito público al privado, con total impunidad.

Más pronto que tarde se tendrá que asumir la estricta mirada de la ciudadanía que exige abrir puertas y ventanas a la información y la audiencia pública.

Incompatibilidades

Un régimen estricto de incompatibilidades debe exigir la declaración previa de compatibilidad para concurrir a elecciones o ser designado para puestos de altos cargos o representación en nombre de los partidos en entidades financieras, consejos o empresas públicas. Hoy existen acumulaciones de cargos y redes de poder e influencia muy poco visibles que han acabado por condicionar muchas decisiones y actuaciones importantes.

Este régimen de incompatibilidades severo, junto con la declaración previa de bienes -unidades familiares-, patrimonio y actividades, hubiera evitado el bochornoso espectáculo que hoy se vive con Bankia, la sanidad pública madrileña o en sectores energéticos, por citar algunos ejemplos. Casos como esos son seguramente sólo la punta del iceberg de unas prácticas que han sido asumidas en estos años con total impunidad. Por tanto esos controles deberían haberse aplicado a cargos públicos, cargos de confianza, consejeros por representación o directivos de empresas participadas.

Aplicar el control previo para la participación en listas electorales o designaciones para altos cargos tiene que significar la imposibilidad de presentarse cuando exista imputación por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación, enriquecimiento ilícito con recursos públicos o privados, malversación o apropiación de fondos públicos, soborno, racismo o xenofobia.

A ese respecto, la dimisión cautelar cuando existe inculpación por parte de un juez por las mismas causas no presupone reconocimiento de responsabilidades penales y tiene por objeto establecer un cordón de seguridad entre la política y la peripecia judicial de los interesados. También debería ser también motivo de dimisión la comisión acreditada y evidente de actos graves y reprobables en el ejercicio de la actividad política, tanto si son punibles penalmente como si no lo son, así como las negligencias graves que hayan permitido la aparición de comportamientos corruptos en los ámbitos de su responsabilidad.

El mismo ejercicio deberá afectar de forma minuciosa a los partidos políticos. Es imprescindible conocer en tiempo real las deudas, las condonaciones de las mismas, las donaciones, los presupuestos, los gastos, los créditos, sus estados contables y sus justificaciones. No basta con decir que hay un Tribunal de Cuentas que audita: esa es la obligación legal, por cierto incumpliendo plazos en la mayoría de los casos. La pregunta es muy simple, ¿se someterían los partidos hoy a una auditoría ciudadana de sus gastos, deudas y justificaciones? Este es el listón, lo demás es palabrerías y un brindis al sol.

Estas son algunas consideraciones, que afectan al ejercicio de la política pero –evidentemente– nos se puede dejar de lado el control y la transparencia en el conjunto de la administración y de los Gobiernos que nos llevaría a actuar también en el estricto compromiso de administración transparente y cuyas medidas –necesariamente complejas y contundentes- deberían formar parte de un nuevo acuerdo por la regeneración de la democracia y sus mecanismos de control. No se deben manosear las palabras hablando de leyes de transparencia cuando hoy por hoy la política de este país habita en el lado oscuro.

Sólo con una estrategia clara de transparencia, tolerancia cero y rendición de cuentas públicas, se va a conseguir descontaminar la política y hacer visible la penalización social de la corrupción que, a la postre, es el más potente elemento de disuasión para prácticas corruptas.

Los votantes dicen...
  1. Iván dice:

    Buenísimo artículo de Inés Sabanés. Demuestra que EQUO es diferente.

  2. Información Bitacoras.com…

    Valora en Bitacoras.com: A pesar de los múltiples episodios de corrupción que han afectado a la política en los últimos años, hasta la fecha apenas ha tenido repercusión electoral, lo cual hace pensar que en el fondo no ha existido una verdader……

  3. fernando castañeda conde dice:

    Estamos presenciando como se prepara un “choque social” en Grecia, sin precedentes en los últimos treinta años. Europa y España mas aún, no se verán exentas del conflicto, cuando la sociedad se degrada y pierde todos los argumentos que han sustentado durante décadas el “Pacto Social” y cuando los reclamas pacíficamente al gobierno, recibimos gases lacrimógenos y cargas policiales en lugar de las soluciones que nos deben. La experiencia de Grecia debería hacer reflexionar a los gobiernos europeos. Hay que ir contra
    el pago de la deuda por encima de todo, aun estamos a tiempo de evitar un masivo genocidio financiero.

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