Arrow

Empezar por el tejado


0
Inés Sabanés

Leridana de nacimiento, vallecana de adopción. Coportavoz de la Mesa de Madrid de Equo . Llegó al partido tras militar en IU desde su fundación, donde fue diputada nacional, diputada autonómica en Madrid y concejala en el Ayuntamiento de la capital.


Escrito el 25 de abril de 2013 a las 10:46 | Clasificado en Equo

El PP pretende reducir el número de parlamentarios en la Asamblea de Madrid. El problema no está en el número de representantes, sino su trabajo real, y el propio sistema de la democracia representativa.

Recientemente se han iniciado los trabajos de la ponencia para reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid, de 129 a 65. Debate forzado a pesar de que requiere reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid y, para ello, se necesitan dos tercios de la cámara que, hoy por hoy, el PP, impulsor de la iniciativa, no tiene. Obviamente siguen la hoja de ruta de Castilla la Mancha, Galicia y Asturias.

La realidad es que la Asamblea de Madrid, como otras instituciones de la democracia, tiene un serio problema de calidad democrática y de control e intervención ciudadana. Tiene un déficit de legitimidad, con un sistema que permite que los cargos políticos aterricen en los sectores privados a los que se han concedido los servicios que ellos mismos privatizaron.

En este contexto y en nombre de la austeridad, el PP da una vuelta de tuerca convirtiendo el problema del parlamento madrileño en una cuestión aritmética, cuando todo indica que en realidad los lobbies no solo están influyendo en las decisiones políticas sino en que se vaya “aligerando” la capacidad y la función de los parlamentos. En lugar de abrir puertas y ventanas para la ciudadanía se instalan códigos secretos para los negocios.

En el corazón del tamayazo y la Gürtel, el parlamento regional ha ido vaciando su propia capacidad , minimizando el control a un gobierno en el que -precisamente- el despilfarro ha atravesado contratos, consejerías y consejeros. Con la iniciativa, simulan conectar con la indignación de la gente, pero eluden el debate real de una democracia representativa bajo mínimos, en la que en nombre de una mayoría se permiten introducir cuestiones como la privatización de hospitales prácticamente por decreto, contra viento y marea y habiendo ocultado estas intenciones en la campaña electoral.

La propuesta no parte de la racionalidad económica, y por supuesto, menos de la razón democrática. La diferencia entre las iniciativas presentadas por los 72 diputados del PP es abismal si lo relacionamos con las presentadas por los diferentes grupos de la oposición o con la actividad de análisis y propuestas de distintos colectivos y grupos sin representación parlamentaria. Si nos guiáramos por ese criterio los que realmente deberían reducir presencia sería el Grupo Popular. Aquí pueden ver las proporciones.

Soy consciente de que esta argumentación es incompleta, pero no deja de ser una muestra de que el grupo que apoya al gobierno tiene una función parlamentaria condicionada a “demanda” del gobierno.

Una reforma debería garantizar el trabajo de los representantes en beneficio y atención de los problemas de la gente. Esto va más allá de las sesiones parlamentarias y debería suponer -por ejemplo- que los recursos que reciben partidos y grupos parlamentarios se utilicen para estos fines con oficinas de atención permanente o con la obligación de rendir cuentas en audiencia pública sobre el trabajo, decisiones, propuestas o el destino de los recursos recibidos.

Lo que haría falta son cambios de verdad en Estatuto de la Comunidad de Madrid con nuevos derechos, garantías y avances para la ciudadanía madrileña de acuerdo con sus necesidades y para garantizar el bien común frente a los grupos de presión que campan a su aire en el entramado institucional.

Una reforma electoral para garantizar la igualdad del voto y con ello la proporcionalidad, los derechos a los electores y con ello desbloquear las listas y el pluralismo y con ello rebajar al 3% el tope para entrar en los Parlamentos como ya existe en otras Comunidades autónomas.

En todo este debate, cabe también hablar del número de diputados. Es verdad que en el estatuto de Autonomía se hizo una previsión numérica de representantes en función del crecimiento de la población y que esa cuestión debería ser racional y razonablemente resuelta. Pero antes, o a la vez, habría que comprometer otros cambios vitales como la rendición de cuentas, situar el control parlamentario en su verdadera dimensión, abrir a la transparencia real el funcionamiento de la institución, garantizar su verdadera función, eliminar gastos superfluos, condicionar y limitar las subvenciones a la actividad dirigida al interés de la ciudadanía y establecer incompatibilidades reales que eliminen las puertas giratorias de lo público a lo privado.

Si no se abordan de una vez las reformas políticas e institucionales imprescindibles, la propuesta del PP seguirá pareciendo lo que es, un burdo intento de rebajar los niveles de democracia real y control efectivo.

Comparte tu punto de vista

XHTML: Puedes usar estas etiquetas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>