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La emergencia de luchar contra la impunidad


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Inés Sabanés

Leridana de nacimiento, vallecana de adopción. Coportavoz de la Mesa de Madrid de Equo . Llegó al partido tras militar en IU desde su fundación, donde fue diputada nacional, diputada autonómica en Madrid y concejala en el Ayuntamiento de la capital.


Escrito el 14 de enero de 2013 a las 10:51 | Clasificado en Equo

“No se llega a la impunidad, a la resignación y a la impotencia ciudadana sin que previamente se haya permitido una conjunción de factores”, asegura Inés Sabanés.

Cada vez con más frecuencia se acumulan noticias que convierten la política en un esperpento y muestran síntomas evidentes de un  funcionamiento institucional y de la Justicia intolerable. Hoy se mezclan con total desparpajo los discursos de transparencia o gobiernos abiertos con bochornosas prácticas más propias  de sistemas caciquiles que de una democracia del siglo XXI.

No defiendo la antipolítica, ni soy apolítica, pero creo firmemente que la política no garantiza el bien común, la transparencia o el control ciudadano y que tiene que cambiar radicalmente. Se hace un flaco favor a la política cuando se miran los acontecimientos en función de los protagonistas o desde una óptica partidista.

Si el espectáculo de la política y los partidos no es edificante, también hay que preguntarse si la Justicia y la Fiscalía contra la corrupción está cumpliendo con su tarea de prevención y actuación para evitar la impunidad ante la misma. Teniendo en cuenta -además- que puede actuar de oficio para defender la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público e investigar procesos de especial trascendencia relativos a delitos económicos similares cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y  relacionados con el fenómeno de la corrupción…

Y también hay que reflexionar sobre los medios de comunicación, si pueden desarrollar en la actualidad todas las capacidades de información o investigación y el papel que están jugando los despidos masivos de periodistas frente al creciente poder de los gabinetes de comunicación institucionales.

En  la misma semana sabemos que la financiación irregular de UDC -después de 13 años de retraso de la Justicia- se solventará con un ‘acuerdo’ pactado entre acusaciones y defensas que evitará la celebración del juicio y librará a los condenados de entrar en prisión. Conocemos también (más bien nos cercioramos) que detrás de la privatización de la sanidad madrileña hay ‘casualidades’ coordinadas que concluyen con un exconsejero miembro del consejo de administración y asesor de una empresa de laboratorios  que -precisamente- fueron privatizados bajo su gestión.

Estas informaciones conviven con los anuncios de previsión de más de 5.000 despidos en Bankia y cerca de 900 despidos ya formalizados vía burofax a los trabajadores de Telemadrid. En ambos casos son los trabajadores los que sufren las primeras consecuencias mientras se mantienen los directivos responsables de la mala gestión en un caso y en el caso de Bankia se le ofrece un destino de privilegio a Rato, máximo responsable del derrumbe.

El proceso de la sanidad madrileña, Bankia-Cajamadrid o Telemadrid, tienen una larga historia detrás. Una historia en la que hay responsabilidad política de los gobiernos de turno y obviamente también de la oposición. Pero al final, hay que evaluar  todos los factores y responsabilidades que han permitido que los diferentes protagonistas puedan transitar por inmensos escándalos como en un oasis institucional donde todo se absorbe y se digiere.

Y hay que seguir preguntando y exigiendo por qué no ha actuado o actúa de oficio la Justicia para investigar y defender la legalidad y el interés común. No se llega a la impunidad, a la resignación y a la  impotencia ciudadana sin que previamente se haya permitido una conjunción de factores y poderes capaces de mantener una especie de isla donde se utilizan códigos propios, excesivamente permisivos, endogámicos y de alto riesgo.

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