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Transparencia tutelada


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Inés Sabanés

Leridana de nacimiento, vallecana de adopción. Coportavoz de la Mesa de Madrid de Equo . Llegó al partido tras militar en IU desde su fundación, donde fue diputada nacional, diputada autonómica en Madrid y concejala en el Ayuntamiento de la capital.


Escrito el 19 de septiembre de 2013 a las 10:40 | Clasificado en Equo

La Ley de Transparencia debía demostrar que se ha tomado nota de la gravedad de la crisis institucional y política de este país.

Las  reivindicaciones sobre  transparencia,  participación real y los espacios para la  intervención ciudadana son recurrentes en la última década, aunque, a decir verdad, se han convertido en “centrales” a raíz de los movimientos 15M , Democracia Real , Juventud Sin Futuro y las diferentes plataformas, mareas y otras iniciativas ciudadanas que han ocupado espacios de construcción y acción colectiva.

Joan Subirats ya en 2009 advertía : “Cada vez es menos factible que la ciudadanía pueda ejercer el poder o influir de manera muy directa en su ejercicio, y la atención se dirige a cómo controlarlo, vigilarlo y evitar sus excesos y chapuzas. A falta de una idea de interés general que pueda compartirse de manera plena, surge la transparencia como valor que permite, al menos, que todos podamos saber qué sucede y, por tanto, actuar en un sentido o en otro”.

El  crecimiento acelerado de la  desconfianza en la política y en las instituciones, la imposibilidad de una participación real y el estallido de la corrupción, hacían que la ley de transparencia recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados tuviera una significación especial. Quizás una oportunidad para mostrar un cambio de rumbo en el hermetismo y  la endogamia del poder institucional.

Se necesitaba, al menos, una señal clara de que se iba a favorecer la vigilancia al poder. No es todo, pero en una situación de escandalera  permanente era lo mínimo que la “política”  y el Parlamento debía garantizarle a quiénes “sufren” el grotesco espectáculo de la corrupción, los sobres, sobresueldos o los  ERES fraudulentos.

La Ley de Transparencia debía demostrar que se ha tomado nota de la gravedad de la crisis institucional y política de este país, que hay alguna voluntad  más allá del “ y tú  más “ y  del espectáculo de aplicar distintos criterios y exigencias en función de quien se vea afectado por casos de corrupción. Pero no, esta vez tampoco movieron ficha de verdad.

Evidentemente la aprobación de la Ley, en sí misma, no resuelve de un plumazo la mala práctica, la opacidad, el blindaje de las instituciones y la escandalosa falta de control que ha existido en estos años. Ni supera de golpe el inmovilismo de la democracia representativa  y sus instituciones en los últimos treinta años. Pero era una oportunidad de demostrar que al menos en lo que afecta al control y la información como derecho de la ciudadanía existía voluntad de cambio.

No obstante, en todo este debate ha habido mucho esfuerzo de la sociedad civil: Access Info Europe y la Coalición Pro Acceso, presentaron, por ejemplo, los 10 puntos claves de para una buena Ley de Transparencia con una vigilancia activa en todo el proceso.

Otros colectivos como Derecho a Saber han puesto a disposición de la ciudadanía herramientas  para articular mejor la lucha por el derecho a saber y han denunciado el escandaloso silencio del entramado institucional y político.

Durante la tramitación parlamentaria  hubo también muchas reflexiones críticas y propositivas en las que se alertaba, por ejemplo,  de que los ritmos de cambio eran inasumibles para la velocidad exterior: “Cuando los cambios en una organización son más lentos que los cambios en el exterior, el fin está cerca” decía Antoni Gutiérrez-Rubí  en su comparecencia en la Comisión.

Borja Bergareche también ponía de manifiesto los  riesgos de una mala tramitación: “La tramitación del proyecto de ley de transparencia ha sido muy opaca”.

También Ignacio Escolar manifestaba su convicción de que “muchos de los escándalos de corrupción que hemos visto en los últimos meses o años no se habrían producido si hubiese existido una ley de transparencia que hubiese evitado la opacidad”.

En los enlaces, se pueden leer parte de los debates y acceder al resto. Son  interesantes junto con los datos de las enmiendas a la totalidad y las numerosas enmiendas parciales, un largo historial en el que merece la pena profundizar.

A pesar de todo ello, finalmente la Ley de transparencia que siguió el más “triste” de los esquemas de las tramitaciones parlamentarias al uso, como decía alguno de los comparecientes: “No les pido ninguna revolución imposible, les pido simplemente que sean una institución de su tiempo”.

El resultado final es una ley de transparencia que no garantiza la transparencia y el control necesario, deja a la discrecionalidad de la propia administración e instituciones una parte fundamental de las reivindicaciones ciudadanas, no considera el derecho a la información como derecho fundamental y sigue excluyendo a algunas instituciones fundamentales del control ciudadano.

Era tan simple como comprometer una ley que representara las Instituciones del siglo XXI. Con esta lógica, desde Compromis Equo quisimos añadir a la posición y a la tramitación una experiencia de democracia directa para abrir la votación de la Ley al dictamen de la ciudadanía a través de una iniciativa en cooperación con Ágora Ciudadana.

Es el  inicio de una propuesta y de un compromiso, que quisimos hacer visible precisamente en la tramitación de la Ley de Transparencia. Conscientes  de su significado y de que recorrer los caminos del control y la transparencia, junto con aquellos de intervención directa de la ciudadanía,  son claves indispensables para la superación de la baja calidad de nuestra democracia representativa que sigue ensimismada en sus propios laberintos.

Los votantes dicen...

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