El PP ha aprobado  el proyecto de ley a través del cual se ha de modificar el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. ERC mantiene una posición crítica, tal como se expresa con las siguientes preguntas que el Gobierno español no acepta responder:

1. ¿Por qué razón la compensación por copia privada que no tiene uso ni profesional ni empresarial, debe ir a cargo de los presupuestos generales del Estado? ¿Cómo puede justificarse que se haya de hacerse cargo el conjunto de la ciudadanía, es decir a cargo de quien tal vez nunca hará ninguna?

2. ¿Por qué razón poner a disposición de la ciudadanía fragmentos de información ya contenida en publicaciones periódicas o de páginas web de actualización periódica sin ánimo de lucro debe pagarse?

3. ¿Por qué razón sólo deben estar libres de autorización los enseñantes de la educación reglada en cuanto a la autorización del autor o titular de los derechos para llevar a cabo actos de reproducción y distribución de pequeños fragmentos de obra o fotográficas cuando no hay finalidad comercial, sino estrictamente educativa?

4. ¿Por qué razón las obras que han sido puestas a disposición del público en general de forma libre y gratuita y las que se han publicado con expresa autorización para ser usadas con fines docentes o de investigación no deben ser excepciones al derecho irrenunciable a una remuneración equitativa? Si no hay daño, ¿por qué debe tener remuneración?

5. ¿Por qué razón los actos ilícitos no deben ser perseguidos por los jueces y los tribunales y, en cambio, debe encargarse una Comisión de Propiedad Intelectual formada por funcionarios designados por los ministerios?

6. ¿Por qué razón las funciones de inspección, vigilancia y control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual deben corresponder al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y no a los gobiernos de las comunidades autónomas que tienen competencia?

7. ¿Por qué razón no se incluye una disposición adicional que garantice las facultades de inspección y control, la capacidad de autorización, la potestad para establecer y regular un registro de los derechos de propiedad intelectual generados en Catalunya atendiendo al artículo 1 del artículo 155 del Estatuto que establece la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual?

Publicado por Joan Tardà

Barcelonés, diputado de ERC en el Congreso en las tres últimas legislaturas. Licenciado en Filosofía y Letras, es profesor de secundaria de Lengua y Literatura catalana.

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