El proceso constituyente del 1978 no fue libre. Estaba absolutamente condicionado por el ruido de sables y por el poder que mantenían los poderes franquistas. No en vano, para poder participar de este debate se obligó al Partido Comunista a aceptar la Monarquía a la vez que se impidió presentarse a las primeras elecciones democráticas a aquellos partidos que se negaron a aceptarla, como fue el caso de Esquerra Republicana de Catalunya.

En este contexto, y después de 40 años de dictadura, la población concibió el referéndum constitucional como un plebiscito entre continuar con el antiguo régimen dictatorial u optar por un régimen en que se reconocían derechos y libertades individuales y colectivos. Así dispuesto, la población prefirió libertades limitadas a ninguna.

Pero esa aceptación incluía el trágala de la Monarquía. La Constitución legitimó a Juan Carlos de Borbón a título de Rey, tal y como lo decidió el dictador Franco en la Ley de Sucesión. Juan Carlos, en su discurso ante las Cortes Generales, aceptaba ser el Sucesor de Franco en los siguientes términos:

“Plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar, como Sucesor, a título de Rey, lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino.

Quiero expresar, en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936 (Fuertes y prolongados aplausos de toda la Cámara), en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino.” (Boletín Oficial de las Cortes Españolas de 22 y 23 de julio de 1969)”.

La Constitución de 1978 legitimó “democráticamente” la impuesta Monarquía, de la misma manera que negó el derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado. Casi 40 años más tarde, se nos dice que la Constitución es intocable porque fue fruto del glorificado “consenso constitucional”.

Ante eso, nosotros decimos que el consenso no se produjo en libertad, que la ciudadanía no pudo participar en el proceso constituyente, que las naciones del Estado no pudieron participar como tal ni renunciaron (ni pueden hacerlo) a su derecho a la autodeterminación. También decimos que ni siquiera se explicó a la ciudadanía que algunos derechos como el de la propiedad privada son sagrados y, otros, como el de la vivienda o el trabajo, son sólo orientativos. Ello sin obviar que, al parecer, cabe en esa Constitución la deriva mercantilista y privatizadora de la sanidad, la educación o, incluso, la justicia.

La población exige un nuevo proceso constituyente en que pueda participar y que garantice el Estado del Bienestar y la democracia participativa. La proclamación de Felipe VI es una Segunda Transición exprés en que se pretende que todo siga atado y bien atado. La generación de la Transición y sus herederos bipartitos siguen decidiendo. La población será quien tenga, en las urnas o en las calles, la respuesta a ello. En Catalunya, un desafío democrático está convocado el 9-N. Confiamos que sea el prólogo de un proceso constituyente para la República Catalana. Y, sinceramente, con la esperanza de que nuestra República sea espejo y coraje para que España viva también un verdadero proyecto constituyente.

Publicado por Joan Tardà

Barcelonés, diputado de ERC en el Congreso en las tres últimas legislaturas. Licenciado en Filosofía y Letras, es profesor de secundaria de Lengua y Literatura catalana.

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