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Interesan las políticas de Hollande o Gallardón, no su vida sexual


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Joan Tardà

Barcelonés, diputado de ERC en el Congreso en las tres últimas legislaturas. Licenciado en Filosofía y Letras, es profesor de secundaria de Lengua y Literatura catalana.


Escrito el 5 de febrero de 2014 a las 10:04 | Clasificado en ERC

No hay legitimidad alguna para difundir, sin su consentimiento, la vida privada de algún personaje público. Ahora bien, debería hacerse público si esa vida privada ha puesto en compromiso la res pública (y no la moralidad).

Sin duda, conocer con quién se acuesta Hollande, qué hacía Clinton con su becaria en el despacho oval o los imaginativos deseos de un príncipe de convertirse en un tampón provoca nuestro morbo. No sólo disfrutamos de ese morbo, sino también de la necesidad imperiosa de explicarlo a todo el mundo, en busca de ese reconocimiento social que nos otorga ser vocero de chismorreos.

Creo que la realidad es así de triste y que, sin duda, nos otorga más prestigio entre nuestros círculos sociales explicar los devaneos de los diputados –por ejemplo- que explicar que se ha descubierto que la especie humana actual somos frutos del apareamiento de cuatro especies diferentes, entre ellas el neandertal. Y luego nos sorprendemos de que los mal llamados programas del corazón –herencia televisiva de los mentideros de la Villa de Madrid- sean más vistos que los documentales de La 2.

Más triste que el morbo individual e interpersonal me resulta convertirlo en espectáculo público, o incluso en cultura social y televisiva. Pero bueno, supongo que es aceptable al fin y al cabo, mientras se dé entre en el aquiescente micromundo de famosos, famosillos, famosetes -o aspirantes a serlo- que cobran y viven de ello: la soberana audiencia -y las financiadoras empresas publicitarias- verán entre quiénes reparten el pastel, que, en definitiva, es lo que es.

No obstante, si la televisión tiene, o quizás debería tener, una función social y educativa, me pregunto si los poderes públicos deben o no actuar para redirigir este circo (o su complemento futbolístico) hacia escenarios más cultos o dignos. Pero los poderosos nunca han tenido interés en ello: siempre les ha interesado más adaptarse al “panem et circenses” modernos.

Ahora bien, más allá del circo y sus actores, ¿qué legitimidad hay para difundir, sin su consentimiento, la vida privada de algún personaje público? Desde mi punto de vista, ninguna. Rotundamente ninguna. No obstante, y después de tal rotundidad, es necesario matizar los espacios en que se confunden la vida pública y la privada, en tanto que privilegios o influencias de la primera se extienden a la segunda o viceversa.

En este sentido, en el caso Hollande, debería interesarme como ciudadano -y, por tanto, debería hacerse público- si se ha puesto en compromiso la res pública (no la moralidad), es decir, si compró los preservativos con dinero público o si ella es una contratista -o una espía- que se benefició de información privilegiada.

Ejemplos más cercanos serían el caso de las incompatibilidad de cargos o las puertas giratorias entre la política y la empresa privada (el ministro Morenés con la industria armamentística); el uso o despilfarro de recursos y espacios públicos a beneficio privado (Corinna zu Sayn-Wittgenstein); o la utilización de privilegios en la vida privada (desde el uso del coche oficial para llevar los hijos al colegio hasta pasar las vacaciones en una residencia propiedad de la Administración pública).

Pero más allá de la vida pública y de la oportunidad –quizás necesidad, como enmendamos en la Ley de transparencia- de que la agenda de los cargos públicos sea pública y transparente, la vida privada de estos cargos debe mantenerse en la más absoluta privacidad, salvo en los casos de comisión de faltas o delitos, que entonces pasan a ser públicos.

Debemos juzgar a los cargos públicos por aquello que hacen y dicen como tal y no por aquello que hacen o dicen en su vida privada, incluso cuando haya contradicciones entre una y otra. Por poner un ilustrativo e hipotético ejemplo de actualidad: si existiera un vídeo privado donde el ministro Gallardón o el presidente Rajoy proponen a una mujer realizar un aborto, este vídeo no se debería publicar nunca. Porque forma parte de su vida privada.

Y porque lo que debemos juzgar no es si ellos –o sus mujeres- abortan o no  (y menos aún quienes creemos que esto debe ser un derecho para todas las mujeres), sino que lo que hay que juzgar es que pretenden negar ese derecho a todas las mujeres. Incluso, tampoco debemos juzgar si sólo se lo puedan permitir aquellas que tienen dinero. Nos equivocamos: lo que debemos juzgar es la existencia de la propia desigualdad. Esa, que aunque sea fruto de patrimonio privado, debe ser tan pública –¡gracias Oxfam por abrirnos los ojos!- como la Justicia.

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