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Marihuana: negar la realidad


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Joan Tardà

Barcelonés, diputado de ERC en el Congreso en las tres últimas legislaturas. Licenciado en Filosofía y Letras, es profesor de secundaria de Lengua y Literatura catalana.


Escrito el 7 de marzo de 2013 a las 8:47 | Clasificado en ERC

La semana pasada mi compañero Alfred Bosch interpeló al ministro de Justicia sobre la legalización de la plantación y distribución de cannabis. Un debate que el ministro optó por dejar en lugares comunes y de donde llegó a concluir que ERC reclama la legalización para financiar la independencia. Pero más allá de los lugares comunes y las ocurrencias de Gallardón, el debate es de lo más oportuno.

¿Por qué es oportuno? Pues porque según todas las estadísticas, el cannabis ya es accesible a la población y la legalización de la marihuana no incrementaría, de manera significativa, su consumo. Podría ser una manera de luchar contra las mafias que trafican con hachís, y evitaría la criminalización del consumidor.

De la misma manera que el alcohol está legalizado. También debería estarlo la marihuana. Reclamando siempre, por supuesto, un uso responsable. No planteamos que el consumo sea bueno, a pesar de que sí se le conocen virtudes terapéuticas pero también consecuencias no deseadas.

En cualquier caso, de la misma manera que la gente asume el riesgo de fumar tabaco, por criticable que pueda uno llegar a considerarlo, también debería poder decidir si fuma marihuana y en que medida de responsabilidad lo hace.

Una vez reconocido ese derecho, vamos a regularlo. Entonces podremos hablar de los lugares en los que se puede o no se puede fumar, de la protección a la infancia, de los establecimientos y medidas para su venta, de los impuestos y tasas….

Cabe también decir que la legalización de la marihuana reportaría importantes beneficios económicos para la Administración Pública, tal y como lo hacen el alcohol y el tabaco, por la vía de los impuestos directos. El gasto que supone la marihuana ya existe y, en gran parte, gracias a su ilegalización: en policía, juzgados, cárceles, manutención de presos, atención psicológica y sanitaria… Y, a pesar de todo ello, el consumo está normalizado y generalizado. No debemos olvidar que su legalización supondría hace aflorar un sector importante de la economía sumergida.

Que el nuevo sector económico crearía trabajo y riqueza para zonas deprimidas, así como ingresos públicos es otro de los argumentos a favor de la legalización.

En definitiva, somos muy conscientes de que no todo son beneficios, pero parece que sobre este tema se legisla únicamente desde la vertiente moral, no se busca ni una salida justa, ni una salida práctica. Parece más fácil negar la realidad que legislar la complejidad.

El próximo martes, el pleno del Congreso deberá pronunciarse.

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