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Paredes de cristal o mafia institucionalizada


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Joan Tardà

Barcelonés, diputado de ERC en el Congreso en las tres últimas legislaturas. Licenciado en Filosofía y Letras, es profesor de secundaria de Lengua y Literatura catalana.


Escrito el 28 de mayo de 2013 a las 10:08 | Clasificado en ERC

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, tal y como la propone el Gobierno de Rajoy, aportará más opacidad que transparencia. El “buen Gobierno” no va más allá del nombre de la ley.

El Congreso discutirá a partir del jueves la Ley de Transparencia y, aunque cueste creer después de tantos escándalos, después de que el sistema haya evidenciado tantos déficits democráticos y la corrupción creciente que lo carcome, el proyecto de ley es decepcionante. Uno no deja de tener la sensación de que es una simple cortina de humo.

El texto alternativo presentado por ERC ha supuesto un gran esfuerzo, pero a la vez puede ser leído como una reformulación de las propuestas que desde hace años veníamos reclamando.

Los republicanos, siguiendo el pomposo nombre que el Gobierno decidió poner a la Ley, hemos hecho propuestas para mejorar la transparencia, pero no hemos querido dejar de lado lo que también se llama de buen gobierno. Para que sea posible hablar en la sociedad actual de transparencia suficiente, es imprescindible que cualquier persona física o jurídica que gestione recursos públicos (o reciba) dé explicaciones; sea la Casa Real, la Iglesia, las empresas, los partidos políticos. Y no basta dar, tienen que comparecer, sus representantes, ante los parlamentos.

La ley del PP es todo lo contrario. Prevé tantas limitaciones que acabará siendo una ley de opacidades. No podemos conformarnos con pequeñas parcelas de información democrática. Se exige información total, desde los salarios y dietas, hasta las indemnizaciones, pasando por los contratos con la administración, la ejecución de proyectos, la información económico-presupuestaria, etc.

Exigimos, también, y así lo explicitamos en el articulado alternativo registrado, la transparencia presupuestaria del Gobierno. El PP y el PSOE deben decidir si optan por la vía de la transparencia de verdad o por tener una ley que sirva para seguir en el actual agujero negro.

Si la primera pata de una buena Ley de Transparencia debe contemplar medidas de radicalidad democrática en cuanto a la misma transparencia, el segundo pilar de la ley debería ser el buen gobierno, a pesar de que destaca sólo en el nombre, no en los artículos. En nuestra propuesta se parte de la idea de que los representantes políticos son servidores públicos y que, en consecuencia, no deben tener privilegios (tarjetas de crédito, coches oficiales, viajes en primera clase, regalos) y las ceremonias institucionales, viajes, comidas, etc. deben estar suficientemente justificados y controlados.

La ley o sirve para que los gobiernos, altos cargos, miembros de los órganos constitucionales y el aparato estatal en su conjunto se aplique de inmediato en la austeridad real o la indignación popular no tendrá freno. Entre las propuestas, hemos incluido poner un salario máximo para quien cobra dinero público o evitar más de un sueldo público, ente otras cosas.

Hay que tener pocas miras para no darse cuenta de que las nuevas generaciones sólo estarán dispuestas a encarar una sociedad post-crisis, donde la austeridad y las consecuencias del debilitamiento del estado del bienestar conformarán el paisaje habitual en los próximos años, si a la par se incrementa en mucho la calidad democrática del sistema. Y eso no pasará si los representantes de la soberanía no son capaces de ser espejo de honestidad en la gestión de los recursos públicos.

Es por ello, que todo acabará pasando (si se quiere salvar la democracia) por el concepto de buen gobierno. La ley debe establecer la obligación del gobierno de cumplir los compromisos electorales. Hacer lo contrario, debe significar el cese automático.

Un buen gobierno debe someterse, a todas luces, al parlamento, no como ahora, que democracia española es sinónimo de obstaculizar el control imponiendo la mayoría del grupo parlamentario que le apoya.

Un documento sensato, cargado de sentido común y urgente. Una transparencia que debería ser sólo un instrumento para una democracia de mayor calidad, no un fin en si mismo como parece que será.

Todo apunta que la discusión será un continuo echarse en cara quién fue más opaco, si PSOE o PP, en lugar de buscar hacer un país con las paredes de cristal dónde nadie pueda esconderse a hacer aquello que no haría en público.

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