¿Tercer grado a la corrupción?

Los corruptos deben devolver todo el dinero robado y deben cumplir íntegramente las penas. Aplicar el tercer grado penitenciario al corrupto Jaume Matas, permitiendo su salida de la cárcel, es el claro barómetro sobre la contundencia con que el Gobierno español pretende atajar la corrupción. No sólo nos da una idea de la catadura moral del Gobierno, sino que aviva las sospechas de que el Partido Popular tiene interés en que los suyos no se vean despechados y tiren de la manta. No es que pretendan salvar a los corruptos condenados, sino que pretenden salvarse ellos.

Cualquier partido puede tener algún corrupto en sus filas. Cualquiera. Los corruptos no llevan un cartelito anunciando que lo son ni necesariamente hacen gala de conductas ostentosas, caciquiles o mafiosas, de manera que a menudo pueden pasar desapercibidos con facilidad.

No obstante, los partidos tienen responsabilidad en la corrupción si no adoptan las medidas internas oportunas de transparencia o de rendición de responsabilidades. Y, por supuesto, también la tienen si al conocer, privada o públicamente, un caso de corrupción procuran esconderlo en lugar de ponerse de manera diligente al servicio de la justicia buscando y aportando pruebas con que condenar al delincuente.

Pero más allá de la responsabilidad de los partidos, existe una responsabilidad parlamentaria en la corrupción política que infesta la vida política del Estado español. Por un lado porque todavía el Parlamento no ha adoptado las medidas oportunas para garantizar la debida transparencia en los partidos (especialmente en la financiación) y en las instituciones (la Ley de Transparencia, irónicamente, legitima la opacidad) ni ha adoptado las medidas eficaces que procuren la necesaria prevención, una fiscalización adecuada y, especialmente, los medios humanos y materiales que permitan una ágil de acción de la justicia para condenar a los corruptos, y poner punto y final a la impunidad.

Por otro lado, el Parlamento tampoco ha hecho un análisis profundo sobre la corrupción política y las medidas a tomar para acabar con ella y para hacer justicia. No sólo porque el PP con la mayoría absoluta ha bloqueado hasta un debate monográfico sobre corrupción, sino sobre todo porque se han negado reiteradamente a la propuesta de una Comisión de Investigación sobre la corrupción política que ERC, conjuntamente con las izquierdas de la Cámara, ha solicitado reiteradamente.

La negativa a la comisión de investigación sobre corrupción no es, pues, consecuencia de que los partidos mayoritarios tengan casos de corrupción que esconder sino del miedo que una comisión de investigación deje claro no sólo las responsabilidades, por activa o pasiva, de estos partidos –y de sus cúpulas- en la corrupción, sino sobre todo que la corrupción ha sido permitida y legitimada y que es la base de la financiación de algunos partidos y de los ‘sobre-sueldos’ de sus cúpulas.

Joan Tardà

Barcelonés, diputado de ERC en el Congreso en las tres últimas legislaturas. Licenciado en Filosofía y Letras, es profesor de secundaria de Lengua y Literatura catalana.

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