Venden cara la electricidad, barato el voto


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Joan Tardà

Barcelonés, diputado de ERC en el Congreso en las tres últimas legislaturas. Licenciado en Filosofía y Letras, es profesor de secundaria de Lengua y Literatura catalana.


Escrito el 16 de abril de 2013 a las 10:04 | Clasificado en ERC

El Gobierno español premia, con medidas favorables y dinero público, a las cinco grandes compañías eléctricas, en contra del desarrollo de la energía renovable.

El Gobierno español ha aprobado con su amplia y aplastante mayoría un crédito de 2.200 millones de euros para dárselo a las empresas eléctricas, un dinero que, para colmo, se lo dan a costa de deuda pública.

En un momento en que estamos recortando en educación, en sanidad, en pensiones y en derechos de todo tipo, regalan 2.200 millones de euros. La justificación es que de esta manera será la Administración quien pague y no el consumidor. Pero olvida, en primer lugar, que la Administración somos todos y que, como estamos viendo en los últimos tiempos, la deuda que contrae el Estado debemos pagarla entre todos. Algunos más que otros, para ser exactos.

Asimismo, el Gobierno obvia la urgente reforma del sector eléctrico para evitar en un futuro generar más deuda como estos 2.200 millones y los otros 24.000 acumulados como déficit de tarifa. Una deuda absolutamente ilegítima. De hecho, la barbaridad de dinero que debemos a las cinco grandes compañías eléctricas se corresponde con la barbaridad de dinero que estas compañías acumulan como inmorales beneficios año tras año. Pero es peor aún, porque esa deuda ya no la tenemos con las compañías eléctricas, que ya han cobrado, sino que la tenemos con los bancos que han comprado deuda y a los que les estamos pagando sus correspondientes y abusivos intereses.

La deuda es ilegítima, también, porque el oligopolio eléctrico hace que cinco compañías determinen el precio de la luz y el Gobierno lo acepta sin saber cuál es el coste real de la electricidad.

Es por eso que ERC reivindicó una auditoría pública para saber cuál es el coste de la electricidad y pagar un precio razonable, regulado, no el precio que determinan las eléctricas tras acordarlo entre las eléctricas, atentando contra toda la legislación sobre libre competencia. Y no nos conformamos con saber cuál es el coste de la electricidad, sino que es necesaria una auditoría sobre la globalidad del déficit de tarifa, como los costes de interrumpibilidad o el pago por capacidad, que son dos conceptos que pagamos todos para beneficio nuevamente de las cinco grandes empresas.

Además, por si todo esto no fuera suficiente, tampoco se tiene en cuenta que los escandalosos beneficios que tienen las eléctricas provienen también de los costes externalizados. Es decir, aquellos costes de las eléctricas que en lugar de pagarlos ellas, los paga la Administración; los pagamos todos, vaya.

Y para colmo, el Gobierno y las grandes eléctricas quieren hacernos creer que la culpa es de las energías renovables. Obvian que antes de las primas a las renovables, el déficit tarifario ya era de unos 14.000 millones de euros. No contemplan que las energías renovables han abaratado el mercado hasta el punto de que el ahorro ha sido mayor que las primas entregadas. Y naturalmente siguen con su pan para hoy y hambre para mañana porque ignoran que las energías renovables son una inversión. Una inversión en futuro. Y en un futuro limpio, sostenible y barato.

En definitiva, las compañías constituyen un poderoso lobby que, a la vista de la legislación, considera al Gobierno su marioneta. Tanto que, para frenar a las renovables, el Gobierno ha adoptado medidas retroactivas, recortes de hora de producción y de primas, nuevos impuestos, moratorias, etc. que han vulnerado principios tan esenciales como la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, la irretroactividad de normas desfavorables. No en vano, la Defensora del Pueblo ha iniciado las actuaciones oportunas y vamos a ver si prospera la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El futuro son y deben ser las energías renovables, unas renovables que estén en manos de los ciudadanos para evitar, así, que se dediquen sólo a ganar grandes cantidades a costa de los ciudadanos. El Gobierno debería legislar para todos, no para cinco compañías, pero, entonces, ¿dónde pones a expresidentes o exministros del Gobierno español a ocupar cargos bien pagados como consejeros?