El mariscal Gallardón al frente del Ministerio de Justicia continúa la marcha triunfal hacia el objetivo de desguazar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía. Después de lograr que se aprobara la Ley de Tasas con la que ha consagrado un sistema judicial tan sólo accesible para quien pueda pagárselo, ahora aterriza con el hipócrita Proyecto de Ley (a la que los republicanos hemos presentado enmienda a la totalidad) de Justicia Gratuita. Un proyecto de ley que, de entrada, hay que decir que no tiene en cuenta (¡no podía ser de otra manera!) la realidad autonómica e invade las competencias de la Generalitat de Catalunya en cuanto a ordenar los servicios de justicia gratuita. No es ninguna novedad. Todos los proyectos de ley del PP en esta legislatura se convierten en hachazos al Estatut.

La ecuación de Gallardón parte de una premisa falsa y perversa, la de considerar que las personas recurren a la justicia de manera abusiva y patológica. Y como no tuvo suficiente con la imposición de tasas para “frenar ” a los ciudadanos, ahora remacha el clavo con un batacazo a la justicia gratuita consagrada constitucionalmente. En lugar de ampliar recursos (de hecho, ni siquiera en la ley queda garantizada la financiación), en lugar de facilitar el acceso a la justicia gratuita a las rentas más bajas, se inventa la concesión de estos beneficios a determinados colectivos (de entre los cuales, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo) sin tener presente el nivel de renta de las personas. En definitiva, uso de fondos públicos invertidos de manera nada equitativa.

Por otra parte, a pesar de la petulante actitud del ministro Gallardón, una vez más presenta y hará aprobar un proyecto de ley carente de funcionalidad. No incluye ninguna herramienta para simplificar una estructura como la actual que sólo aporta confusión, retrasos y disfunciones en lo que tiene que ver con la justicia gratuita. Así, mantiene las comisiones de asistencia jurídica gratuita como organismo competente para la decisión de la concesión, perpetuándose una estructura doble que supone retrasos en la resolución definitiva de las solicitudes. Ello, a pesar de que desde que en el año 1996 los colegios de abogados asumieron la tramitación y resolución de los expedientes de justicia gratuita, más del 95% de las resoluciones han sido ratificadas por la administración. Y además, el proyecto de ley crea un comité de consultas que debe garantizar una aplicación homogénea de la ley. Un nuevo organismo en la ya compleja estructura de gestión de la justicia gratuita con la única pretensión de homogeneizar.

Publicado por Joan Tardà

Barcelonés, diputado de ERC en el Congreso en las tres últimas legislaturas. Licenciado en Filosofía y Letras, es profesor de secundaria de Lengua y Literatura catalana.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.