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Incumplir la Ley, y la palabra


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 5 de diciembre de 2012 a las 11:26 | Clasificado en Opinión

El diputado del PNV Emilio Olabarria explica por qué puede ser considerada inconstitucional la no revalorización de las pensiones acorde al IPC

“Un ejercicio de responsabilidad”. Con estas palabras ha explicado el Gobierno la decisión de no revalorizar las pensiones en 2013. Es la primera vez en la historia política conocida del Estado español en la que se pretende anudar un ejercicio de responsabilidad al incumplimiento de la ley.

Llama poderosamente la atención el énfasis y contundencia con los que una vicepresidenta, siete Ministros y un Secretario de Estado han afirmado expresamente -porque las preguntas que mucho diputados hemos formulado en sede parlamentaria eran muy específicas para evitar evasivas- que se revalorizarían las pensiones en función del importe correspondiente al IPC de noviembre, artículo 48 del Real Decreto legislativo 1/1994 de 20 de junio.

En tercer lugar resulta también sorprendente que se prescinda del contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, que establece que un sistema público de pensiones atenderá suficientemente las necesidades de los jubilados y pensionistas. El desarrollo jurisprudencial de este precepto constitucional ha perfilado la suficiencia como aquella cuantía de la pensión que permita subvenir las necesidades ordinarias de la vida.

La revalorización del 1%, que provoca el efecto de pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas de un 1,9% -al ser la subida del IPC de noviembre del 2,9%-, difícilmente permite entender que esta revalorización se corresponde con el desarrollo aplicativo del artículo 41 de la Constitución. Es decir, provocar normativamente pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas vulnera la suficiencia y por lo tanto el contenido esencial de los artículos 41 y 50 de la Constitución en relación a las personas de la tercera edad.

El Gobierno en este acto de genuina injusticia material, en primer lugar ha mentido consciente y reiteradamente, puesto que no podían ignorar que las pensiones no se iban a poder revalorizar. En segundo lugar, ha mentido durante las campañas electorales de Euskadi, Galicia y Cataluña. No hace falta poseer demasiado instinto para saber por qué estos datos se ocultaron hasta la celebración de estos comicios.

Se ha vulnerado la Ley y veremos lo que dictamina el Tribunal Constitucional puesto que ya se ha anunciado la presentación de varios recursos sobre el incumplimiento de las normas constitucionales que regulan el sistema público de pensiones. Todo ello sin olvidar que las pensiones del Estado español son en términos medios un 29% inferiores que las de la Unión Europea, lo cual agrava más este problema.

Los votantes dicen...
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