Ayer asistimos a un de los actos de mayor cinismo del PP en su defensa a tiempo parcial de la Constitución Española. Y lo que es más grave, a un nuevo deterioro de la credibilidad del Tribunal Constitucional como garante de la Constitución y árbitro entre los poderes del Estado.

Nada que objetar a que el Gobierno use los medios a su alcance para impedir que se realice la consulta en Catalunya. Forma parte de una peligrosa -para la sociedad- estrategia partidista del PP en la que el conflicto con Catalunya, junto a la política antiterrorista y la ley del aborto han sido desde la oposición y ahora en el Gobierno los factores de cohesión ideológica del PP. Pero es evidente que está en su derecho.

Otra cosa es que un Gobierno no puede limitarse a actuar como una pared de frontón que devuelve con un ‘no’ todas las propuestas que se le hacen, sin formular ninguna propuesta para encauzar por la vía democrática un conflicto que no es jurídico sino político.

Lo que no puede y no deberían hacer el Gobierno y el PP es ser tan cínicos en el uso partidista de la Constitución. La ciudadanía no debe olvidar que el texto cuya inmutabilidad defiende el PP es la misma que reformaron en su artículo 135 con el PSOE para poner toda la política presupuestaria al servicio de los mercados de capitales. Y eso se hizo ninguneando la soberanía del pueblo español, al que no se dejó pronunciarse sobre la reforma.

La Constitución con la que el PP se llena la boca hasta atragantarse es la misma que cada día incumplen en sus mandatos sociales y democráticos de participación. Sería deseable que en su defensa de la Concstitución, el PP y los que le acompañan fueran menos cínicos.

Pero lo más grave para la credibilidad democrática de las instituciones sucedió por la tarde, con la convocatoria de urgencia del Tribunal Constitucional para dictar en un tiempo récord el auto de admisión a trámite del Recurso del Gobierno y en consecuencia la suspensión automática de las normas impugnadas.

Este comportamiento del TC deteriora aún más la credibilidad de un organismo que debería jugar un papel determinante en la calidad de nuestro sistema democrático. Desgraciadamente, el uso de la agenda del Constitucional no es un tema nuevo y se ha repetido demasiadas veces para que no tenga consecuencias en la credibilidad democrática del Tribunal.

Sucedió con la Sentencia en el Recurso del PP contra el Estatuto de Autonomía de Catalunya, que tardó cuatro años en dictarse -con la recusación de un magistrado de por medio-, y es difícil argumentar que en aquel caso no había razones de urgencia.

Pero el uso partidista de la agenda del Constitucional no afecta solo al conflicto catalán: aún no se ha pronunciado sobre el recurso del PP contra la Ley de interrupción voluntaria del embarazo hoy vigente, y eso que según los impugnantes el derecho en juego es el derecho a la vida. Y desgraciadamente nada garantiza que al final la sentencia del Constitucional no sirva para hacerle al PP el trabajo sucio que el Gobierno no se atreve a hacer.

Lo mismo sucede con la sentencia contra la Reforma Laboral de PP y CiU, y eso que afecta a la vida de millones de personas. Para más datos, este mes de julio se ha dictado una sentencia en un recurso de inconstitucionalidad contra una norma de hace diez años.

Quienes más hacen para deteriorar la credibilidad del Constitucional no son quienes critican sus actuaciones, sino las propias actuaciones del Constitucional.

En Catalunya estas situaciones son las que llevan a muchas personas a perder la confianza en la reformabilidad del Estado español. Incluso con reflexiones, un tanto ingenuas a mi parecer, como las de considerar que en un Estado propio estas cosas no sucederían.

Desgraciadamente para la sociedad, estos comportamientos tienen una raíz muy profunda que no es otra que la falta de madurez y de calidad de nuestro sistema democrático, el español y el catalán. Es lo que nos diferencia de democracias más consolidadas.

Experiencias recientes como los casos de corrupción aparecidos en Catalunya o la instrumentalización partidaria de los medios de comunicación pública, confirman que las zonas oscuras de nuestra democracia están muy bien repartidas y tienen comportamientos indistintos por parte de los poderes públicos.

Publicado por Joan Coscubiela

Barcelonés, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Derecho de ESADE. exsecretario general de CCOO Catalunya. Diputado en el Congreso por ICV-EUiA.

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