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La rampa, la Infanta y el derecho a mentir


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Joan Coscubiela

Barcelonés, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Derecho de ESADE. exsecretario general de CCOO Catalunya. Diputado en el Congreso por ICV-EUiA.


Escrito el 11 de febrero de 2014 a las 10:14 | Clasificado en IP

“Al derecho de la Infanta a no inculparse e incluso mentir se le contrapone el derecho del Juez a no creerse su declaración y a formar su convicción con el conjunto de las pruebas del proceso”.

Cada vez es más evidente que hay diferentes formas de no informar. Una, muy frecuente, es ocultar un hecho, no dar cuenta de él. Otra, más sofisticada y cada vez más utilizada, consiste en hablar de un tema, pero desviar la atención hacia aspectos anecdóticos, haciendo noticia de lo que no es y desenfocando la imagen del hecho central.

Aunque debo reconocer que algunos medios de comunicación han hecho un tratamiento muy sólido del caso, incluso jurídicamente. Otros, y en algunos casos medios públicos,  han estado manipulando la información poniendo el foco en la dichosa rampa de los Juzgados de Palma. Los verdaderos privilegios de la Infanta no están en la manera de entrar en el Juzgado, sino en el tratamiento que sus actos han recibido  de la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal. Organismos e instituciones que, lejos de proteger los intereses de a quienes deben servir, se han dedicado a proteger la posición de quien, cuanto menos, ha actuado contra la Hacienda Pública.

Y hablando de aspectos nucleares del proceso: en su declaración “voluntaria”, la Infanta, en uso de sus derechos, ha utilizado hasta el cansancio su facultad de no inculparse, que incluye el derecho a no declarar en su contra, el derecho a callar, a contestar con evasivas e incluso el derecho a mentir. Puede sorprender, pero los imputados, a diferencia de los testigos o los peritos, tienen reconocido legal y jurisprudencialmente el derecho a mentir para no ser imputados. Que el Tribunal Constitucional haya declarado que este no es un derecho absoluto es ya profundizar demasiado.

Era evidente desde el primer momento que esta es la estrategia de su defensa. Por cierto, qué gran puesta en escena del “zorro” Roca i Junyent desde el primer día. Como “gato viejo” sabe de la importancia de las imágenes y de los entornos en que actúa la Justicia. Primero, hizo suya la idea de la declaración voluntaria, cuando ya era inevitable la obligatoria. Después, fue siempre exquisito con el Juez, dejando a otros el trabajo sucio. Y por último, salió de la declaración de su defendida con una sonrisa de “ultrasatisfecho”, por la buena declaración de la Infanta.

Porque de eso se trataba, de dar la impresión de que la declaración de la Infanta conlleva necesariamente su no imputación. Es posible que esta estrategia la aprendiera de Tarradellas, un especialista en convertir derrotas en victorias, como demostró a la salida de su famosa reunión con Suarez para tratar de la reinstauración de la Generalitat. O quizás de Pujol, otro mago de las derrotas dulces. Aunque Roca tiene pedigrí y nivel para ser su propio maestro.

Sin duda, Roca sabe sobradamente que la declaración de la Infanta es solo un aspecto más del proceso. Y que al derecho de la Infanta a no inculparse e incluso mentir se le contrapone el derecho del Juez a no creerse su declaración y a formar su convicción con el conjunto de las pruebas del proceso.

Es evidente que la defensa de la Infanta jugó a “no pillar”  en la declaración. Incluso es posible que hayan pensado más en el posible recurso ante la Audiencia de Palma que en el impacto que la declaración haya podido producir en el juez Castro.

Llegados a este momento, me sobreviene una duda jurídica y afianzo una convicción política. La duda es si la estrategia de las evasivas, del no sé, desconozco, no me consta, en los extremos exagerados en que fue utilizada ha beneficiado a la Infanta. Es evidente que no se pilló los dedos. Pero como todo en exceso es perjudicial, hasta los mejores atributos, tantas evasivas, incluso en aspectos incomprensibles pueden haber aumentado la convicción del Juez de que si estaba en el ajo y que es penalmente responsable.

De lo que no me queda duda es que esta declaración con más de 400 respuestas evasivas no ha hecho más que deteriorar la imagen de una institución, la Monarquía, que solo aguanta porque muchos intereses económicos y el bipartidismo la sostienen. Alguien duda a estas alturas de que el Duque de Palma actuó beneficiándose de su condición. Y que lo hizo amparándose de la impunidad de pertenecer a la Casa Real, porque eso era lo que vio en esta institución desde el primer día en que entró en contacto con la Familia Real.

Lo que está sucediendo con la Monarquía española no es una anécdota, ni una excepción. Obedece a la confluencia al menos de dos factores de gran importancia. La obsolescencia política de la institución monárquica y la impunidad con la que durante siglos se ha comportado, incluso durante la etapa democrática. Y no se resuelve con una campaña de imagen ni aunque incluya la abdicación del Rey.

El deterioro de la Monarquía es muy profundo y nos obliga y ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la forma constitucional del Estado, de quien ejerce la Jefatura y cómo se elige. Que a estas alturas del siglo XXI se defienda que la Jefatura del Estado se otorga por herencia y no por meritocracia democrática es obsoleto. Y no deja de tener guasa que los ideólogos de la “excelencia” en el sistema educativo, de la cultura del esfuerzo, de la competividad extrema, defiendan que el acceso a la primera Magistratura de un Estado la decide el derecho de herencia.

Aunque, pensándolo bien, igual tampoco es una contradicción, sino una coherencia extrema. La de considerar que los privilegios, el poder económico, la educación, la pobreza se transmiten por herencia. Y que todo ello forma parte del Derecho Natural.

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