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¿Son los expertos seres asexuados?


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Joan Coscubiela

Barcelonés, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Derecho de ESADE. exsecretario general de CCOO Catalunya. Diputado en el Congreso por ICV-EUiA.


Escrito el 23 de abril de 2013 a las 10:09 | Clasificado en IP

Si algo caracteriza los tiempos actuales y sus crisis es la pérdida de soberanía por parte de la ciudadanía. Son muchas las formas en las que se expresa esta pérdida de soberanía. Una de ellas se presenta en forma de “tecnocracia”.

Las propuestas tecnocráticas se presentan con muchas modalidades. Por ejemplo: la creación de organismos “independientes” como el BCE que no deben dar cuentas a ninguna institución democrática, pero que responden a la lógica del capitalismo financiero; o, tambien, gobiernos presididos por tecnócratas que aplican políticas que nunca tendrían el apoyo ciudadano y que se adoptan sin su acuerdo, aunque para beneficiarles, se dice.

Se trata de una nueva modalidad de despotismo ilustrado, esta vez en la versión “Todo contra el pueblo y sin el pueblo”. La propia estructural institucional con la que la UE quiere avanzar en la unión bancaria y fiscal va en esta dirección de creación de organismos y estructuras sin ningún tipo de legitimidad democrática.

En este escenario de “soluciones técnicas” que niegan la existencia de fuertes conflictos sociales en las políticas aplicadas aparece la figura de los expertos, a los que se les supone dotados de dos características fundamentales: ostentan la “verdad técnica” que luego se convertirá en verdad política y se presentan -no necesariamente ellos- como seres sin ideología ni intereses. Una especie de eunucos ideológicos.

La última aparición en escena de los expertos viene de la mano de la ministra de Empleo y Seguridad Social y tiene como objetivo la emisión de un informe sobre el llamado “factor de sostenibilidad” de la Seguridad Social. Un análisis que la Ley 27/2011 había previsto para el 2007 y que el PP ha adelantado como consecuencia de los compromisos asumidos con la Troika como contrapartida al rescate bancario.

Vaya por delante que me encuentro entre quienes creen que la sostenibilidad económica de la Seguridad Social es clave para garantizar el futuro del sistema público de pensiones. Pero rehuyo de las previsiones de los gurús que nos presentan escenarios para el 2060, cuando en el 1995 vaticinaron la quiebra de la Seguridad Social para el 2001 y lo que sucedió fue exactamente lo contrario.

Ni cuando había superávits importantes en Seguridad Social, que permitieron constituir el Fondo de Reserva, el futuro estaba garantizado para siempre, ni ahora se debe abordar una transformación de nuestro sistema de pensiones bajo el impacto que la crisis está provocando en los ingresos del sistema.

Por supuesto, no pongo en duda la calidad técnica de las personas seleccionadas por el Gobierno, algunas de las cuales conocen la lógica de los sistemas públicos de Seguridad Social y el nuestro en particular. Pero es evidente que en esta Comisión de expertos priman personas con fuertes vínculos con el sector financiero y asegurador.

Algunos de ellos forman parte de manera simultánea de otro grupo de expertos, constituido por UNESPA, la patronal de seguros que ha elaborado un informe de próxima publicación en el que, con la apariencia de la reforma del sistema público, se formulan propuestas propias de la lógica del seguro privado. No se olvide que para el sector del seguro privado, un sistema público de seguridad social de amplia cobertura es un obstáculo al crecimiento del negocio del seguro.

Sorprende que el Gobierno haya optado por la creación de una comisión de expertos, cuando los mejores expertos, los que llevan varias décadas haciendo los mejores cálculos actuariales de pensiones, se encuentran en la misma administración de la Seguridad Social. Y sorprende aún más que al grupo de expertos se le haya dado de plazo hasta el 31 de mayo para presentar un informe que se supone de alta complejidad. Plazo sin duda breve, salvo que algunos sherpas ya hayan avanzado los trabajos.

Aunque no debería sorprendernos tanto, puesto que responde a la lógica tecnocrática. Primero, se alcanza una verdad técnica, que nadie puede discutir si no es bajo la amenaza de excomunión. Y después se comunica esta verdad técnica como única verdad política que no puede discutirse, salvo que se quiera asumir el riesgo de ser presentado como un inmovilista que niega la técnica. Siempre por supuesto una técnica y unos técnicos sin sexo y sin ideología.

Sinceramente, quienes desde el Gobierno han diseñado esta estrategia no se han olvidado de nada, ni de la importancia de comunicar bien la “verdad técnica”. Supongo que es este el criterio que les ha llevado a incluir en el grupo de expertos al responsable de comunicación de UNESPA, la patronal de seguros y de encargarle la Presidencia a un respetado colaborador de la FAES.

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