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Víctima colateral de la crisis


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Joan Coscubiela

Barcelonés, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Derecho de ESADE. exsecretario general de CCOO Catalunya. Diputado en el Congreso por ICV-EUiA.


Escrito el 26 de febrero de 2013 a las 8:45 | Clasificado en IP

El diputado de Izquierda Plural considera que la división de poderes en España está en riesgo por la forma de legislar del Gobierno.

Es bien sabido que cuanto más grave y profunda es una crisis, más importantes son los efectos colaterales que produce. En nuestro caso los efectos más importantes se producen en el terreno social. Crecimiento desbordado del desempleo que amenaza con convertirse en estructural. Brutal incremento de la desigualdad social -estamos a la cabeza de la UE en índice de desigualdad, solo superados por Letonia y Rumanía-. Aparición de niveles, formas y nuevas víctimas de la pobreza que no se conocían en nuestro país desde hace muchas décadas.

Otro de los efectos colaterales de la crisis es su aprovechamiento de manera oportunista para introducir reformas que comportan no solo impactos coyunturales, sino cambios estructurales en las relaciones sociales, derechos o incluso valores sociales. Es lo que ha sucedido con la reforma laboral, la modificación de la Ley de Costas, vista por algunos sectores sociales y profesionales como una nueva oportunidad de negocio, o la nueva regulación de las tasas judiciales y su relación con el ejercicio efectivo de la tutela judicial.
Uno de los efectos que puede pasar desapercibido, por no tener un impacto directo en la ciudadanía, pero que tiene gran trascendencia y que va a dejar una huella muy profunda en nuestra sociedad, es el deterioro del Estado de derecho.

Durante estos 15 meses de Gobierno del PP hemos comprobado cuan peligrosa puede ser la dinámica de los fines y los medios. La llamada “agenda reformista” del Gobierno, que en muchas ocasiones se parece bastante a una agenda o programa oculto, está sirviendo de excusa, de coartada sin límites a todo tipo de actuaciones, que afectan a la propia esencia del Estado de derecho.

El más evidente es el abuso de los decretos-leyes (30 en los primeros meses de Gobierno) lo que comporta riegos ciertos de desaparición fáctica de la división de poderes. En los últimos meses el proceso se ha ido degradando, más allá de los referidos a la forma extraordinaria del Decreto-ley. El listado de malas praxis es tan largo como preocupante. Incorporación de disposiciones adicionales que comportan reformas de partes de decretos-leyes que tienen solo unas semanas de vida. Incorporación in extremis en un Decreto-ley (el 29/2012) de contenidos que nada tienen que ver con su objetivo y que ni tan siquiera se recogían en la reseña del Consejo de Ministros como asunto tratado.

En el último Consejo de Ministros, del pasado 22 de febrero, se han superado todos los límites. El Decreto-ley 4/2013 que lleva por título “medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo”, en sus 52 extensas páginas, incorpora por la puerta de atrás regulaciones importantes referidas a temas que poco o nada tienen que ver con su título. Reformas del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, medidas de financiación de pago a proveedores de entidades locales y CCAA, morosidad empresarial, medidas de privatización del sector ferroviario y medidas referidas al sector de hidrocarburos -más en concreto, en relación a las malas praxis del comercio minorista de derivados del petróleo y el gas-.

Desconozco las excusas que utilizará el Gobierno para justificar este mejunje que propone que nos traguemos los diputados en el próximo debate de convalidación. Lo seguro es que es imposible discutir la convalidación de un Decreto-ley de estas características con un mínimo de rigor y condiciones.

La urgencia y extraordinaria necesidad, no puede ser una coartada para evitar el papel del poder legislativo. Y mucho menos para ni tan siquiera permitir que el Congreso desarrolle en condiciones su función de debatir y acordar la convalidación de un Decreto-ley.
La crisis y la necesidad de darle rápida respuesta no puede continuar siendo la coartada para deteriorar más la calidad de la democracia. La economía puede recuperarse -veremos cuánto tarda-, pero el Estado de derecho puede verse gravemente afectado de una enfermedad incurable.

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