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Nada que hacer sin reforma constitucional


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Carlos M. Gorriarán

Doctor en Filosofía y licenciado en Historia, profesor de la UPV desde hace dos décadas. Diputado por UPyD, partido donde es responsable de Programa y Acción Política


Escrito el 31 de octubre de 2012 a las 10:38 | Clasificado en Opinión

Carlos M. Gorriarán defiende una reforma constitucional como la solución a muchos de los grandes problemas económicos, sociales y políticos que vive nuestro país.

Aunque los núcleos duros de los partidos viejos rechacen reconocerlo, hay un amplio consenso en que los problemas de España piden a gritos una reforma a fondo de la Constitución. La Transición ha quedado atrás, cambiada por una crisis cuya gravedad ha sido larvada por su sistema de partidos y, sobre todo, por su manera de entender y practicar la política. A saber: tratar de teledirigir todo lo que se mueva en la sociedad civil, anulándolo si ello no es posible o rentable, y fundamentar su poder en la extracción de rentas públicas a través del control de las instituciones autonómicas y locales.

Dicho en román paladino: vivir sobre todo de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos (más Diputaciones), y desde éstas controlar la vida social y económica a través de autorizaciones, permisos, exenciones, subvenciones y demás medidas de telecontrol, facilitadas por la exuberante selva de normas y reglamentos nacionales, autonómicos y municipales, a veces contradictorias entre sí. En fin, mientras hubo dinero abundante y fácil gracias a las facilidades de crédito y a la burbuja inmobiliaria, el sistema parecía ir viento en popa, pero han bastado el estallido de la burbuja y la crisis financiera internacional –dos fenómenos negados a conciencia desde el poder político y económico justo cuando eran evidentes- para que las miserias y la insostenibilidad del sistema de la Transición hayan quedado en evidencia. Para todos menos para el sistema de partidos turnantes protegidos por la Ley Electoral, claro está, y sus medios de comunicación concertados. Parece que la adaptación a la realidad les cuesta mucho más que su simple negación. A Darwin le hubiera encantado este misterio evolutivo.

El caso es que la solución de la mayoría de nuestros problemas domésticos –dejando de lado para esta categoría aquellos que son compartidos, como la crisis fiscal y del euro- requiere de una reforma de la Constitución, pactada y refrendada en 1978 para pasar de una vetusta dictadura a una democracia homologada pero, desde luego, inadaptada a las exigencias de la época.

Veamos cuáles son esos problemas: una estructura administrativa irracional y por lo tanto ineficiente y cara, repleta de duplicidades, despilfarros y zonas oscuras; una estructura territorial del Estado confusa y mal resuelta, cuyo caos ha culminado en el proceso secesionista de Cataluña abierto por la propia Generalitat; una profusión de leyes y normas que han remitido a España a la cola mundial en facilidades para crear empresas, en quiebra del mercado único y en competitividad económica; una carencia de políticas de transparencia y derecho a la información que han facilitado la corrupción, el fraude fiscal y el despilfarro.

Hay también una proliferación de sistemas educativos, sanitarios y de servicios sociales que los encarece y hace ineficaces y caros, y además relativiza o anula la libertad efectiva de movimientos e iniciativas de los ciudadanos dentro de España: tantos sistemas prácticamente como Comunidades Autónomas, aunque sean muy pequeñas (diez de las diecisiete CCAA tienen menos de tres millones de habitantes, la población de una gran ciudad corriente). Hay sin duda otros problemas que ya no dependen tanto de la Constitución, como la deslealtad congénita de los partidos nacionalistas y el éxito de su modelo político o la debilidad de la sociedad civil, pero creo que los demás sí pueden comenzar a solucionarse con una reforma constitucional.

Qué traería la reforma

Esa reforma constitucional, que ya deberíamos estar discutiendo en el Parlamento y en el conjunto de la sociedad, debería cerrar para una generación, al menos, el modelo territorial del Estado en un sentido federal, y con eso restaurar el mercado interno, la libertad de movimientos e iniciativa y la igualdad jurídica y social mediante una nueva distribución de competencias entre Estado, Comunidades y Ayuntamientos que deje claramente establecido qué administración se ocupa de qué, cómo financia el ejercicio de sus competencias (sin duda, con plena responsabilidad fiscal y no al actual estilo Robin Hood: el Estado recauda y los gobiernos y alcaldes reparten a sus necesitados respectivos), y cómo se erradica el maremágnum de entes públicos innecesarios, el despilfarro que conllevan y la burocracia estéril que derraman.

De paso obtendríamos un sistema educativo y sanitario igualitario y común con adecuada economía de escala, y estas y otras medidas urgentes, como la reforma del mercado laboral para erradicar su intolerable duplicidad –por mucho que ésta convenga a intereses sindicales y patronales-, liberarían recursos y trabajo que podría dedicarse a la economía productiva, a la educación y a la investigación, entre otras cosas urgentes abandonadas a su suerte por el demencial esfuerzo por mantener como sea un Estado insostenible a costa de las cosas que realmente importan. Una locura compartida por los gobiernos de Zapatero y ahora por el de Mariano Rajoy.

Desengañémonos: ya pueden desgañitarse en reclamar grandes reformas estructurales analistas nacionales e internacionales, entidades, academias, fundaciones y empresas, y por supuesto millones de ciudadanos individuales horrorizados con lo que están haciendo a su país, que nada se conseguirá hasta que no se admita la urgencia de abrir un proceso de reforma constitucional en la buena dirección. Que no es, precisamente, la emprendida por PP y PSOE, y por los nacionalistas, para cerrar aún más el acceso al sistema a nuevos rivales políticos.

Mientras no se entienda que tenemos un modelo de Estado y de sistema político que lejos de solucionar la crisis sólo la empeora, como ha demostrado palmariamente la evolución catalana (de eso hablaremos otro día), no hay nada que hacer. La única pregunta es si saldremos vivos de tanto inmovilismo egoísta, inercia institucional y pobreza intelectual. Y no hablo sólo de la llamada “clase política”, sino también de los ciudadanos como tales y de la sociedad civil.

Los votantes dicen...
  1. FSC dice:

    Es difícil que los partidos turnantes corrijan el maremágnum a que alude porque viven de él. La Primera Restauración (1878) cayó como consecuencia de los escándalos que llevaron a la Dictadura de Primo de Rivera. La Segunda Restauración (1978) podría terminar si UPyD tuviera en las próximas elecciones generales un 25% de los votos y no hubiera otra mayoría absoluta del PP. No es fácil ver el fin de la actual situación.

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