Arrow

Abdicación


0
Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 5 de junio de 2014 a las 10:50 | Clasificado en PNV

El autor repasa los múltiples problemas jurídicos y políticos que suscita la renuncia del Rey.

La abdicación del Rey prevista en el artículo 57.5 de la Constitución plantea una serie de dudas y origina un no menor número de lagunas en el ordenamiento jurídico al no haber sido objeto de desarrollo el Título II de la Constitución a través de las correspondientes leyes orgánicas.

Sin perjuicio de las razones que han justificado esta abdicación y que pertenecen al terreno especulativo (deterioro físico del Monarca, deterioro institucional de la institución, sombras de corrupción sobre su familia, dudas sobre el futuro apoyo del Partido Socialista), a las que se podrían añadir las que el propio Rey ha indicado, la sucesión no va a suponer de facto nada para la vida ordinaria de los ciudadanos.

El artículo 62 de la Constitución establece cuáles son las funciones del Rey y, leyéndolas detenidamente, se observa que ninguna de las citadas derivan de su propia actuación material: las leyes que sanciona las elaboran los legisladores; los Reales Decretos que sanciona los elabora el Gobierno; los nombramientos que realiza los efectúan materialmente los Gobiernos; los convenios internacionales que firma los negocian también los Gobiernos; el ejercicio de la administración de justicia en su nombre es una mera ficción retórica porque quienes dictan sentencia son los órganos judiciales, afortunadamente (obsérvese lo que ocurriría si la Justicia se ejerciera en nombre del Rey y el Rey optara por intervenir, por poner un ejemplo, en el caso Noos, en el que están implicados su hija y su yerno).

En definitiva, se trata del ejercicio de una función meramente simbólica, la sanción real, sin efectos jurídico-materiales de ningún tipo. Y esto mismo va a ocurrir con Felipe VI.

Se le atribuyen al Rey, por sus apologetas, determinadas funciones intangibles como la consecución de importantes contratos para el Reino de España dimanantes de su amistad personal con dignatarios extranjeros (algunos verdaderos sátrapas). Si estos intangibles son ciertos o inciertos requieren del ejercicio de un acto de fe porque no consta fehacientemente que sea el Rey prácticamente el autor de todas las grandes obras de infraestructuras que están realizando empresas del Estado español en el extranjero. En todo caso, la cuestión anterior, plantea un dilema: ¿Tendrá Felipe VI las mismas amistades y la misma pretendida capacidad para conseguir tan pingües beneficios económicos para el Estado?

La falta de desarrollo legal del Título II de la Constitución provoca otros problemas de naturaleza estrictamente jurídica. El primero es el problema de la inviolabilidad que, por la pérdida de su condición de Monarca, desaparece y que algunos opinadores manifiestan debe ser sustituida por alguna suerte de aforamiento. En todo caso, el aforamiento que se atribuye al Rey producida su abdicación requiere una reforma específica de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece quiénes son aforados y qué órganos judiciales deben enjuiciar sus eventuales delitos.

En segundo lugar, la regulación del Título II plantea una cuestión de género, no irrelevante, ya que al configurar el sistema de sustitución de un Rey cesante opta por la proximidad del linaje y por la preferencia del varón sobre la mujer. Esta preferencia del varón sobre la mujer, aun consagrada por la Constitución, puede resultar inconstitucional. Una parte importante de la doctrina científica considera que no resulta tan paradójico que un precepto constitucional resulte inconstitucional si contradice los valores superiores del ordenamiento jurídico y, obviamente, uno de estos es el de la igualdad entre los hombres y las mujeres.

Nos podríamos cuestionar incluso la inviolabilidad de la figura del Rey. Resulta punto menos que aberrante que quien ostenta la condición de Rey no pueda cometer un delito o, si lo comete, no pueda ser procesado. No son pocos los ejemplos en otros lugares del mundo donde diversos Monarcas, incluso prevaliéndose de su inviolabilidad, han cometido delitos e incluso delitos graves ¿Cómo explicar a la ciudadanía que si se produjera una circunstancia de esta naturaleza el Rey quedaría impune? En fin, el legislador fue remiso en el momento de desarrollar las previsiones del Título II de la Constitución y ahora no solo tenemos que afrontar las situaciones generadas por la abdicación de Juan Carlos I sino los múltiples problemas jurídicos y políticos que esta abdicación suscita.

Comparte tu punto de vista

XHTML: Puedes usar estas etiquetas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>