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Antiparlamentarismo


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 12 de marzo de 2014 a las 8:45 | Clasificado en PNV

Una de las características de esta Legislatura, tan mala como casi todas las demás, la constituye la degradación del procedimiento de elaboración de las leyes que prevé el Capítulo II de la Constitución y el Reglamento de la Cámara.

La degradación de la técnica legislativa posee diversas manifestaciones. En primer lugar, la incorporación a los mismo textos legales de materias inconexas sin ningún orden sistemático. Es un ejemplo de lo anterior la reciente regulación del cálculo de la pensión de jubilación a tiempo parcial, materia a la que se incorporó entre otras la reforma del sector ferroviario, del sector aeroportuario, del tratamiento a las víctimas de catástrofes naturales o fortuitas, de las nuevas obligaciones de trabajadores desempleados en los servicio públicos de empleo, de la naturaleza de los convenios colectivos, de la causa de los despidos objetivos, y algunas materias más, que convierten el Proyecto de Ley en una suerte de baratillo de asuntos en grave contradicción con el principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3 de la Constitución tal como ya ha advertido el Tribunal Constitucional.

Los colegios de abogados del Estado español y otros operadores jurídicos, así como las facultades de Derecho de la totalidad de las universidades, denuncian la metafísica imposibilidad de saber dónde están sistemáticamente reguladas las distintas materias.

En segundo lugar, el recurso reiterado al Real Decreto Ley, que se ha convertido en la fórmula habitual de legislar sin invocación de la causa de urgencia o perentoriedad que requiere la propia Constitución; Reales Decretos Leyes que no solo no regulan materias urgentes o no perentorias, sino que regulan toda suerte de materias de la misma forma inconexa que antes denunciamos, cuya regulación en absoluto resulta urgente o perentoria y que en numerosas ocasiones están sujetas al principio de reserva de ley (por ejemplo, se han regulado materias tributarias que solo pueden ser constitucionalmente regulables a través de un Proyecto de Ley).

Por último, y en una suerte de paroxismo deslegitimador de la función que justifica la existencia del parlamentarismo, cual es la de legislar, y legislar correctamente, y legislar de forma jurídicamente segura, y legislar atendiendo a los requerimientos del principio de legalidad, “lege scrita et stricta”, y en un verdadero clímax de prostitución de la institución parlamentaria, se ha llegado a utilizar un procedimiento extraordinario para la elaboración de las leyes: el procedimiento de lectura única previsto en el artículo 150 del Reglamento de la Cámara.

Esto ha ocurrido la semana pasada para suprimir en el Estado español la denominada justicia universal. Los requerimientos para la utilización de este procedimiento extraordinario son dos: el primero, la simplicidad de la materia. Difícilmente se puede afirmar que esta materia posea esta característica cuando constituye cualitativamente el avance más espectacular en el ámbito de la protección universal de los Derechos Humanos, de la tutela judicial, de la legitimación y de los delitos que pueden ser perseguidos en cualquier país, cualquiera que sea la nacionalidad del comitente, y el lugar en el que se han cometido (estamos hablando de los delitos que conmueven la conciencia de toda la Humanidad por su brutal dimensión: genocidio, desapariciones forzadas, desplazamiento de poblaciones, etc.).

Y el segundo requerimiento que establece el artículo 150 es que convenga a la naturaleza de la disposición legislativa; aquí está el quid de la cuestión. No se trata de que convenga a la propuesta legislativa, aquí tenemos que afirmar a quién conviene una tramitación legislativa de esta naturaleza. Todos sabemos no por qué conviene utilizar procedimientos legislativos sumarios, sino a quién conviene que se utilicen estos procedimientos. Y a qué presiones ha sucumbido el Reino de España al utilizar una Proposición de Ley que evita los informes preceptivos de los órganos constitucionales que deben emitirse y que, dado el contenido de la Proposición, no los hubiera podido sortear.

Y todos sabemos a quién conviene amortizar la justicia universal en el Estado español: el genocidio tibetano cometido por las autoridades chinas está siendo tramitado por la Audiencia Nacional; el asesinato del cámara José Couso, está siendo también tramitado por la Audiencia Nacional; el genocidio Pinochetista se intentó tramitar por la Audiencia Nacional.

Pero, por no incurrir en una relación exhaustiva de asuntos que debían someterse a la jurisdicción universal, basta conocer qué Estados no han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional del año 1998: Estados Unidos, China y Rusia, cuya actuación en Ucrania plantea severas sombras de preocupación.

Como ha ocurrido históricamente, el Reino de España siempre se ha manifestado débil y diletante con las potencias que manejan la batuta del orden mundial. En este caso no ha sido solo débil y diletante, sino sumiso ante las grandes potencias y, además, lo ha hecho degradando el procedimiento legislativo utilizado para la comisión de lo que solo se puede calificar como una fechoría parlamentaria.

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