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Apaños, recursos y jubilados


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 1 de marzo de 2013 a las 8:39 | Clasificado en PNV

Con poca expectación mediática a pesar de la dimensión del problema, el día de ayer se presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso firmado por la gran mayoría de los grupos que conforman la oposición política de la Cámara Baja. Es el primer recurso de inconstitucionalidad que recibe un volumen de apoyos tan generalizado.

La materia sobre la que se recurría exigía un consenso tan amplio; se trata de denunciar ante el Tribunal Constitucional el atropello cometido con todos los pensionistas del Estado español y el engaño pretendido por el Gobierno. En concreto, se recurrió el eufemísticamente denominado incremento del 1% de las pensiones de jubilación que acompañado por la suspensión de la revalorización automática producida por el IPC, supone de facto una reducción de las pensiones de todos los jubilados del 1,9%.

Este intento de engaño, nada sutil y que no ha pasado desapercibido a los colectivos de jubilados, posee evidentes rasgos de inconstitucionalidad amén de constituir una más de las ya frecuentes injusticias que se están aprobando en esta legislatura, Real Decreto-ley tras Real Decreto-ley, a los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Los motivos que acreditan la inconstitucionalidad hacen referencia, en primer lugar, a la aplicación retroactiva de una norma incumpliendo la irretroactividad prohibida por el artículo 9 de la Constitución. Es más, las personas que han ido cotizando mes a mes para que los jubilados puedan percibir su pensión lo han hecho en virtud de bases de cotización suficientes, no solo para financiar las pensiones, sino también los incrementos normativamente debidos. El artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece además, que la revalorización automática será obligatoria.

Se vulnera también el requerimiento constitucional de suficiencia de la pensión previsto en el artículo 41 del texto constitucional, en tanto en cuanto la suficiencia de la jurisprudencia constitucional la vincula entre otros requerimientos, a la actualización periódica de las pensiones.

En tercer lugar, se vulnera el artículo 33 de la Constitución que consagra el derecho a la propiedad privada, y en relación al cual, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a una cuantía actualizada de pensión es una específica manifestación de la propiedad privada. Y por ello, solo se puede limitar a través de la invocación de una causa de interés público, de un expediente de expropiación, y a través de la correspondiente indemnización. Circunstancias que no concurren cuando se reducen las pensiones.

Desafortunadamente, en esta situación caótica en la que está sumida la política española, actos importantes como el que hemos descrito pasan prácticamente desapercibidos. En todo caso, los destinatarios del recurso que son los que han sufrido la preterición de sus derechos sí saben lo que se ha hecho y con mucha probabilidad el TC, si es congruente con su propia jurisprudencia, atenderá el recurso. En ese momento todo el mundo sabrá lo que hemos hecho.

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