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Contra la corrupción, ¿legislación?


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 9 de abril de 2014 a las 11:18 | Clasificado en PNV

El Gobierno ha presentado dos Proyectos de Ley con diversas medidas que pretenden erradicar la lacra política de la corrupción en la que en buena medida se basa el desapego de los ciudadanos en relación a sus representantes políticos.

Cualquier medida contra la corrupción debe ser positivamente valorada si realmente resulta eficaz y no deriva de una necesidad coyuntural de compensar la erosión política que determinadas tramas de financiación ilegal de partidos políticos y políticos concretos están siendo objeto de instrucción sumarial en diversos juzgados. La lucha contra la corrupción en el ámbito político constituye un imperativo categórico, debe constituir la propia esencia de la actividad política y quizá no requiera terapias normativas sino honestidad y probidad personal.

Llama poderosamente la atención en este peculiar tour de force entre los partidos mayoritarios cómo utilizan la corrupción como instrumento de deterioro político del partido rival mientras resultan llamativamente comprensivos con sus propios corruptos, y a la inversa. Llama también poderosamente la atención cómo se invoca la presunción de inocencia respecto a los corruptos del propio partido y se criminaliza a los corruptos del partido contrario. Obviamente, esta actitud no es la que posibilita ser particularmente optimista respecto a la eficacia aplicativa de los dos Proyectos de Ley presentados por el Gobierno español.

Contra la corrupción se lucha cesando de inmediato a aquellos políticos sobre los que recaen sospechas de prácticas irregulares; contra la corrupción se lucha obligando a entregar el carnet del partido inmediatamente a aquellos sobre los que se están practicando diligencias de investigación en sede judicial por prácticas de corrupción. Yo comprendo que estas medidas, que son las que el partido que represento adopta siempre en virtud del compromiso ético que todos sus representantes hemos optado, son medidas muy beligerantes, me atrevería a afirmar que casi incompatibles con la presunción de inocencia, pero le preocupa a mi organización política priorizar una imagen de transparencia y honestidad en el ejercicio de la actividad pública sobre cualquier otra circunstancia.

Si esta fuera la opción general en todos los partidos, el alejamiento de los ciudadanos de la actividad político-institucional no hubiera adquirido las dimensiones casi deslegitimantes que poseen en la actualidad. Lo curioso es que sea un partido que en 118 años de existencia no ha tenido una sola condena por causas de corrupción el que adopte estas medidas.

En todo caso, nos vamos a comprometer con los Proyectos de Ley elaborados por el Gobierno español para luchar contra la corrupción y vamos a intentar cubrir las lagunas y carencias que se aprecian en una lectura superficial de ambos textos. Nuestras propuestas, que tampoco tienen por qué ser particularmente imaginativas, harán referencia al fortalecimiento de la fiscalía anticorrupción; al fortalecimiento de la independencia de los jueces de instrucción (asignatura pendiente en el Estado español antes y después de la Constitución de Cádiz y hasta hoy); irán dirigidas a fortalecer los instrumentos de la ley y leyes autonómicas de transparencia que existan; exigir compromisos éticos cuyo incumplimiento provoque consecuencias coactivas que disuadan a aquellos que tienen cierta facilidad por dejarse corromper; y, lo que nadie suele afirmar, que además de políticos corruptos hay ciudadanos corruptores respecto a los cuales todavía ni las normas del Código Penal son suficientemente beligerantes, luego en este ámbito también realizaremos propuestas normativas.

Todo lo demás ya depende de la actitud de las personas que ejerciendo la actividad más noble que se puede concebir, la prostituyen. Es un problema, como antes comentábamos, de probidad personal y en este ámbito la responsabilidad de los partidos es una responsabilidad “in eligendo”.

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