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El crecimiento desmesurado del poder punitivo del Estado


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 17 de octubre de 2014 a las 21:05 | Clasificado en PNV

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana es un giro conservador en materia judicial que vuelve al caduco concepto de orden público.

En un contexto en donde la contestación social se ha apoderado del espacio público -y con plena legitimidad puesto que es un apoderamiento reactivo a los múltiples recortes de derechos fundamentales, libertades públicas, derechos económicos y derechos sociales-, un Gobierno conservador, como es el que padecemos, reacciona incrementando el poder punitivo en el ámbito de la jurisdicción penal y en el ámbito sancionador administrativo.

Ya las normas penales no obedecen a los principios clásicos de mínima intervención y ‘última ratio’, sino al otro concepto de ‘última ratio’, el que consta en el ánima de los cañones. ‘Última ratio regis’, “última razón del Rey” en su traducción literal, y, en lo que nos ocupa, última razón del poder no comprometido con la justicia social sino con el orden público.

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana se inspira en los criterios indicados al no recuperar la denominación pero sí el sentido histórico político de la anacrónica noción de orden público. Y lo hace a través de varios procedimientos.

En primer lugar, atribuyendo al orden público no la condición de presupuesto para el ejercicio de los derechos fundamentales, sino la condición de un bien jurídico autónomo, una especie de derecho fundamental de nuevo cuño cuyo titular es la administración sancionadora. De esta manera, el Proyecto de Ley se desvincula del sentido que la jurisprudencia constitucional atribuye a la seguridad ciudadana, presupuesto para el ejercicio de otros derechos y libertades, elevando el rango del orden público a la categoría de un bien jurídico limitador de todos los derechos y libertades fundamentales.

La limitación indicada en el párrafo anterior se produce por diversas vías. Por ejemplo, aceptando una actuación prácticamente discrecional de los cuerpos policiales a través de los denominados apoderamientos específicos o genéricos. Esto quiere decir que cuando el funcionario policial aprecie de forma discrecional un estado de necesidad o un acto legitimante de su actuación según su propio criterio, podrá actuar limitando derechos de terceros esté o no esté prevista esta limitación en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Así, se podrán producir cacheos, detenciones, exigencia a mostrar el DNI u otros documentos….

Por otra parte, se desmesura la noción de orden público en este Proyecto de Ley ubicando en su seno la mayoría de las faltas previstas en el Libro Tercero del Código Penal que son objeto de deslizamiento del Código Penal al derecho sancionador administrativo.

Esta operación es más lesiva de lo que parece ya que, en primer lugar, se incrementa la cuantía de las sanciones económicas de las que ahora son infracciones administrativas y antes fueron faltas en el Código Penal. Luego, se incrementa el reproche punitivo de dichas conductas. Y en segundo lugar, se priva a los ciudadanos de obtener la tutela de la jurisdicción penal con las garantías que caracterizan dicho procedimiento porque se priva a los ciudadanos de una resolución aprobada por un órgano judicial independiente e imparcial y se atribuye esa capacidad de sancionar a la administración pública que no actúa de forma independiente, sino en un régimen de autotutela de sus propias convicciones e intereses.

Es más, se obliga a los ciudadanos a agotar la totalidad del procedimiento administrativo y en su caso recurrir a otra jurisdicción diferente a la penal, la contencioso-administrativa, en la que se exige la exacción de tasas judiciales y la duración de los procedimientos es muy superior a la de los procesos penales. Se limita así la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española.

Por último, la administración se apodera del espacio público. Ya el espacio público no es un lugar de interacción entre los ciudadanos a través del ejercicio de derechos como el de libertad de expresión, manifestación o participación en los asuntos públicos mediante la generación de espacios de tolerancia, sino que ahora, o cuando se apruebe la Ley, en el espacio público se podrán desarrollar las actividades que la Ley permita. Solo esas.

Ya vemos el perfil de las nuevas normas punitivas de este Gobierno y por ahora lo que procede es rezar y, en la medida de lo posible, combatirlas parlamentariamente.

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