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El incierto futuro de las pensiones


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 8 de mayo de 2013 a las 11:13 | Clasificado en PNV

El elevado paro, la mayor esperanza de vida, la emigración, la jubilación del baby-boom y la crisis amenazan la forma en la que han funcionado hasta ahora las pensiones. ¿Hay esperanza para ellas?

En estos momentos se están ultimando por un Comité de Expertos los parámetros que deben servir, desde una perspectiva técnica, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

El sistema de pensiones del Estado español, un sistema de reparto puro en el que las personas que trabajan y cotizan financian la totalidad de las contingencias protegidas, está influido por diversos problemas que inevitablemente afectarán a su equilibrio financiero.

En primer lugar, la edad legal de jubilación de 65 años se estableció en el año 1919 cuando solo el 10% de los ciudadanos sobrevivían a esta edad. En la actualidad, las expectativas de vida tras los 65 años superan para los hombres los 24 años y para las mujeres los 27 años.

Por otra parte, desde el año pasado, son superiores las defunciones a los nacimientos lo que, unido a las bajas tasas de natalidad existentes, provocan un envejecimiento de la población que genera inevitablemente un mayor número de pensionistas con más expectativas de vida.

En relación a la población activa y a los cotizantes que financian el sistema de pensiones, nos encontramos con un primer problema brutal como es el crecimiento del desempleo hasta superar los seis millones doscientas mil personas y con unas previsiones negativas derivadas de la contracción del PIB en 1,5% que provocará que a la finalización de este año el número de desempleados se aproxime a los siete millones.

Los desempleados no solo dejan de cotizar, sino que además se convierten en receptores de una prestación y un subsidio, la de desempleo, cuya naturaleza jurídica es prestación y subsidio de Seguridad Social, incrementándose de esta manera, de forma desmesurada, los gastos de la Tesorería del sistema público de pensiones.

A esto hay que sumar que la población activa, constituida por los que trabajan y los que queriendo trabajar no pueden hacerlo, disminuye por dos fenómenos superpuestos: los flujos migratorios, que son ya negativos (son más los extranjeros que se marchan del Estado español que los que ingresan), y serán más de cien mil los jóvenes trabajadores del Estado, los mejor formados de toda la historia, los que acudan a buscar trabajo en países extranjeros.

Por si fueran pocos los problemas anteriores, se empiezan a jubilar los hijos del denominado baby-boom, es decir, los hijos de familias que procreaban cinco o seis hijos y cuyas pensiones van a tener que ser financiadas por los hijos de las familias que en términos medios no superan los dos hijos por unidad familiar.

Para acabar este relato de problemas, y dado que los jóvenes no se incorporan al mercado de trabajo a través de contratos laborales indefinidos (sino a través de contratos temporales sustituyéndose unos jóvenes a otros mediante un perverso sistema de rotación en el empleo, o a través de contratos formativos en donde se cotiza a la Seguridad Social por contingencias comunes, o a través de becas en las que no hay prevista ningún tipo de cotización) estos jóvenes no podrán poseer carreras de seguro suficiente para causar derecho a su pensión ni para financiar las existentes.

Lo mismo se puede decir de los desempleados mayores de 45 años a los que es absolutamente improbable que ningún empresario vuelva a contratar y que pueden convertirse en jubilados sin pensión.

Con el panorama anteriormente descrito ya puede realizar un sofisticado esfuerzo de imaginación el grupo de gxpertos al que nos hemos referido porque, si no, el sistema no se va a poder sostener muchos años más.

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