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El Ministerio fiscal del Estado español


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Escrito el 20 de diciembre de 2014 a las 23:47 | Clasificado en PNV

La Fiscalía General del Estado debería depender del Congreso para garantizar su independencia funcional y neutralidad política.

La función del Ministerio fiscal en los países democráticos consiste en velar por el cumplimiento de la legalidad, normalmente mediante el ejercicio de la acción penal cuando se pretenden instar procesos penales, pero no solo en este caso. También deben tutelar la legalidad en su conjunto y ejercer las acciones que corresponden en otros ámbitos como la jurisdicción social, la contencioso-administrativa, la de menores…

Por la razón anterior, existen Fiscalías especializadas en la prevención de riesgo laboral, en menores, en delitos económicos… y con gran notoriedad en estos tiempos, en corrupción.

Lo que no es habitual en el derecho comparado es la dependencia del Ministerio fiscal del Gobierno del Estado y que su designación constituya un acto discrecional de la facultad de imperio de dicho Gobierno.

Lo habitual en otros países de mayor tradición democrática es la dependencia y nombramiento de la Fiscalía General de la o las instituciones parlamentarias y la necesidad del Fiscal de comparecer ante ellas cuando se le requiera para ello o la directa ubicación del Ministerio fiscal en el seno de la administración de Justicia con las características de órgano independiente y que ejerce sus funciones con autonomía.

El legislador constituyente en el Estado español optó por vincular al Gobierno del Estado la designación y control de la actuación del Ministerio fiscal, circunstancia que en la práctica ha provocado la perversión consistente en que el Ministerio fiscal ha terminado defendiendo no la legalidad ordinaria sino los intereses gubernamentales.

Cuando esto no ha sido así y el Fiscal no ha acreditado las dotes de docilidad y sujeción a las instrucciones gubernamentales sencillamente ha sido destituido. Obsérvese lo ocurrido con Eduardo Torres Dulce, un Fiscal General del Estado de ideología conservadora pero con un perfil independiente y profesional en el ejercicio de sus funciones.

Él mismo lo comentó así en la explicación de su última memoria, que poseía una cierta apariencia de despedida, cuando manifestó enfáticamente que él no era el Fiscal del Gobierno y que bajo su mandato habían adquirido impulso sumarios como la Gürtel, la operación Púnica, y en otro ámbito, el relativo a la consulta soberanista catalana, un cierto intento de protección de los fiscales catalanes que nunca entendieron que la consulta fuera constituyente de delito alguno.

Todo lo anterior es como firmar la sentencia de muerte para un fiscal general del Estado tal y como esta figura ha sido comprendida, no solo por el actual Partido Popular, también por el Partido Socialista cuando gobernó. Muchos recordarán los intentos de comprometer a los fiscales Generales del Estado que al final resultaron vanos en la ocultación de los episodios de corrupción de la última época de Gobierno de Felipe González, e incluso de ocultación de la vinculación del GAL con el Ministerio de Interior de la época; se caracterizó con especial celo un Fiscal cuyo apodo era ‘el pollo del pinar’.

La pretensión de nuestro Grupo Parlamentario y de otros siempre ha consistido en modificar el artículo 124 de la Constitución estableciendo la vinculación del Ministerio Fiscal al Congreso de los Diputados en pleno o a su Comisión de Justicia, al igual que su designación. Esta fórmula no solo es más democrática porque el órgano que designa al Ministerio Fiscal es el depositario de la soberanía popular, sino porque constituye la mejor vacuna contra la patrimonialización de la Fiscalía General del Estado y el resto de los Fiscales que jerárquicamente dependen de él.

Se trata, en definitiva, de que el Ministerio Fiscal defienda los derechos y libertades legítimos de los ciudadanos y no destinen sus actividades a la defensa de intereses espurios gubernativos, perdiendo sus perfiles fundamentales: independencia funcional y neutralidad política.

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