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En tiempos de corrupción, fundamentalmente transparencia


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 19 de junio de 2013 a las 10:20 | Clasificado en PNV

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado 40 enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

El volumen de enmiendas puede parecer abultado, pero hay que recordar que el Proyecto de Ley presentado en su día por el Gobierno no solo ha sido desbordado por la realidad, sino por la propia voluntad del Gobierno en relación al ámbito subjetivo de la Ley y por una coyuntura brutalmente azotada por casos de corrupción.

La primera enmienda de nuestro grupo hace referencia a una cuestión metodológica, pero relevante: este no debía ser un Proyecto de Ley único, sino dos. La transparencia es un valor que mejora la calidad democrática de un Estado y sus instituciones, y el Buen Gobierno es otro valor absolutamente diferente que está más vinculado a la eficacia, a la probidad y, en general, al buen hacer de las instituciones públicas. Pero el Gobierno ha decidido superponer ambas cuestiones en una misma norma que, por esta circunstancia, le privará de eficiencia.

Cuando afirmamos que la realidad ha sobrepasado el Proyecto de Ley presentado en su día nos estamos refiriendo a que nuevos sujetos deben ser incorporados al ámbito subjetivo del proyecto, y particularmente: la Casa Real, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, y aquellas otras ONGs, fundaciones o instituciones religiosas, etc. que se financien mayoritariamente con presupuestos públicos.

Es conveniente advertir, en todo caso, que no todos estos sujetos pueden ubicarse de la misma manera en el artículo segundo del Proyecto, y a estos sujetos los ciudadanos tampoco pueden acceder de forma idéntica en el ámbito de lo que se denomina publicidad activa.

La Casa Real, las administraciones públicas, el Tribunal Constitucional, etc. son organizaciones jurídico-públicas en relación a las cuales la publicidad activa y el acceso a la misma que los ciudadanos deseen debe ser universal y sus límites muy tasados. La regla general debe ser la omnicomprensión en el acceso a la información.

En cambio, los partidos políticos y los sindicatos son entidades jurídico-privadas que no realizan actos de gestión administrativa y en los cuales se debe limitar más la publicidad activa y el acceso a su información interna, que no puede llegar a extremos que vulneren su privacidad, su propio funcionamiento, y el carácter privado de la mayoría de sus actuaciones (por ejemplo, no resulta razonable publicar el acta de la ejecutiva de un partido político en la que se diseñan entre otras cosas sus políticas internas).

En este ámbito nos preocupan las excepciones al acceso a la información consignadas por el artículo 11 del Proyecto de Ley; nada menos que 14 excepciones, que pueden impedir o limitar el acceso de los ciudadanos legitimados a obtener información pública por cuestiones definidas de forma tan genérica como: la política económica y monetaria, la gestión de la política macroeconómica del Estado, los intereses económicos del Estado, y cosa curiosa, aunque sí que está consignada en la Convención del Consejo de Europa que se usa como referencia, la política medioambiental.

Con tantas excepciones, y definidas de esta manera, se pueden llegar a pervertir los objetivos de una Ley que pretende, entre otras cosas, superar la brecha de distanciamiento y desapego de los ciudadanos en relación a las instituciones públicas y erigirse en una suerte de instrumento preventivo contra la corrupción.

En el ámbito del buen gobierno, los problemas que plantea la norma se centran fundamentalmente en sus numerosas colisiones con las competencias de las comunidades autónomas, de las instituciones forales, y de la administración local hasta el punto de que se puede entender vulnerado el principio constitucional de autonomía municipal.

Las vulneraciones competenciales son múltiples y las más graves hacen referencia a la desmesura con los que se pueden utilizar los procedimientos disciplinarios, sobre todo por incumplimiento de los requisitos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012 que emana de la reforma del artículo 135 de la Constitución.

En este ámbito se produce una operación constitucionalmente aberrante: el intento de subordinación de la administración autonómica a la Administración General del Estado legitimado por la posibilidad de la penetración de la segunda en las competencias de la primera por la vía del procedimiento disciplinario, particularmente en aquellas cuestiones que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas considera que vulneran la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La configuración del Estado autonómico se basa en el denominado principio dispositivo y en la no subordinación de las administraciones autonómicas a la General del Estado en el ejercicio de sus propias competencias. Por ello resulta manifiestamente inadmisible que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas pueda incoar un procedimiento sancionador al Lehendakari de Euskadi, al President de la Generalitat, etc. Lo mismo ocurre con las administraciones locales.

En definitiva, se trata de un Proyecto de Ley bienintencionado, pero preñado todavía de insuficiencias, carencias, y una manifiesta incompatibilidad con la estructura institucional del Estado que, no obstante, tenemos la esperanza de corregir en el debate legislativo.

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