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¿Es el emprendimiento la solución de los problemas económicos?


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 17 de julio de 2013 a las 10:57 | Clasificado en PNV

El Ejecutivo basa todo su modelo de recuperación en formar a las nuevas generaciones en la cultura del emprendimiento, algo que no dará frutos a corto plazo y que es propio de visiones ultraliberales.

En una coyuntura tan atribulada por diversas circunstancias vinculadas a la corrupción, siguen pendientes medidas económicas que contribuyan a la superación de una crisis económica con manifestaciones brutales.

En este contexto, como en otros, se ve al Gobierno con poca capacidad de maniobra, salvo la atinente a la propaganda. Resulta indignante escuchar afirmaciones relativas a la pretendida superación de la crisis económica y tener que asistir inmediatamente después a la refutación de esta tesis por el Fondo Monetario Internacional. Hay todavía graves desequilibrios y problemas en las estructuras económicas del Estado español.

En este sentido, las actuaciones del Gobierno del Estado se están focalizando, además de en un infructuoso saneamiento del sistema financiero, en la incorporación al ordenamiento jurídico de la tesis política del concepto de emprendimiento como paradigma de superación de la crisis: son los ciudadanos y los jóvenes los que deben afrontar su futuro económico y crearlo. Parecería, como sucede en las democracias más ultraliberales del mundo, que a la Administración Pública no se le ha perdido nada en este ámbito. Nosotros no compartimos la tesis del emprendimiento como única fuente de generación de riqueza, y menos como se concibe en la Ley de emprendedores aprobada recientemente por el Gobierno español y cuyo trámite comienza esta misma semana.

En primera lugar, la Ley de emprendedores ubica al empredimiento en los currículos educativos y obliga a los profesores a adquirir destrezas para transmitir a sus alumnos conocimientos en materia de autogeneración de actividades económicas. A todos los profesores, incluidos los de religión. Si el tema no fuera más serio, parecería que la religión católica se quiere transmutar en una suerte de religión calvinista o presbiteriana donde el trabajo es el único elemento de regeneración espiritual. A nadie se le escapa que, en el hipotético caso de que se configuraran bien estas actividades formativas, la educación genera rendimientos a medio y largo plazo, y las urgencias de la crisis no permiten esperar tanto tiempo.

Por otra parte, se utiliza el emprendimiento como un nuevo mecanismo de centralización de las actividades productivas prescindiendo de las competencias autonómicas en materia de promoción económica, en materia de autorregulación de sus servicios, y, en el caso de las comunidades forales, prescindiendo de la existencia del Concierto Económico para la comunidad autónoma vasca y del Convenio Económico para la Comunidad Foral de Navarra en relación a los beneficios tributarios que se configuran. Se vuelve a consagrar la tesis de que la regeneración económica es antinómica a la estructura autonómica del Estado y que, por ello, ley tras ley y real decreto ley tras real decreto ley, se van erosionando las competencias autonómicas que, contra el criterio hoy dominante, son las que han posibilitado una creación de riqueza nunca antes conocida en el Estado español y que el Gobierno actual está dilapidando.

Desde una perspectiva social se prescinde de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para empresas con una plantilla inferior a diez trabajadores, como si la seguridad en el trabajo fuera también la antinomia del crecimiento económico. La seguridad en el trabajo es una obligación de carácter constitucional en primer lugar, prevista en el Estatuto de los trabajadores como parte de los derechos de los trabajadores, de carácter indisponible incluso para el legislador, ya que las medidas de seguridad deben ser articuladas a través de la negociación colectiva laboral. Si el pretendido crecimiento económico debe asumir el coste de la negación de la integridad física de los trabajadores en la empresa se nos plantea un modelo más próximo al Coreano que al Europeo.

Por último, y desde una perspectiva ética, se posibilita a aquellos extranjeros que tengan capacidad adquisitiva para adquirir inmuebles de más de doscientos mil euros o puedan realizar inversiones de más de dos millones de euros la adquisición de la nacionalidad española o de la regularidad de su situación. El dilema entre extranjeros ricos y extranjeros pobres, confiriendo a los primeros todo tipo de facilidades para residir en el Estado español, sin comprobación alguna de la honestidad y limpieza en la adquisición de los fondos invertidos, y a los segundos criterios crecientemente rigoristas puede resultar, desde una perspectiva no solo ética sino también jurídica, manifiestamente inmoral. No se puede someter a meros criterios de compraventa la adquisición de derechos que históricamente han estado vinculados a criterios de humanidad y solidaridad.

Se podrían realizar numerosas reflexiones críticas con este Proyecto de Ley al que el Gobierno pretende endosar nada menos que una regeneración económica que hoy solo está instalada en el imaginario del Partido Popular, pero no serán tan claros los efectos taumatúrgicos de esta Ley cuando todos los grupos de la oposición han presentado enmiendas de totalidad.

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