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¿Es el Partido Popular una ONG?


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 20 de marzo de 2015 a las 9:13 | Clasificado en PNV

Un informe de la Agencia Tributaria comparaba el impago de impuestos del PP con exenciones tributarias de entidades como Cáritas

Hemos conocido que el PP se benefició en el año 2008 de 1.055.000 euros en donaciones a las que, con la legislación actual, le hubiese correspondido una cuota de 220.000 euros que debería haber ingresado en la Agencia Tributaria. Pero ésta se ha comportado con una resistencia verdaderamente numantina de proporcionar esta información, que solo ha publicado cuando el juez Ruz le ha requerido hacerlo, mediante el establecimiento de un plazo, evitando la comisión de un delito de desobediencia.

El informe de la Agencia Tributaria no tiene desperdicio, ya que comparaba el impago de los impuestos correspondientes con las exenciones tributarias que corresponden a entidades como Cáritas. No es absolutamente aberrante esta comparación, ya que la mecánica analizada es la misma, con un pequeño matiz diferencial: Cáritas recibe donaciones para entregárselas a los necesitados y el PP recibe donaciones para entregárselas a los ricos.

En todo caso, y a través de las informaciones dimanantes del sumario Gürtel, ya conocemos el destino de estas donaciones realizadas al Partido Popular: el abono de sobresueldos a una buena parte de sus dirigentes políticos, sobresueldos que no poseen en la legislación tributaria exención o exoneración de ningún tipo, y la renovación de determinadas sedes, hasta cinco que se conozcan a día de hoy, que tampoco están sujetas a exención tributaria de ninguna naturaleza.

No seré yo quien valore la relevancia jurídico-penal de los episodios anteriormente descritos y la eventualidad de la comisión o no de un delito fiscal; dilucidar este tipo de responsabilidades corresponderá al juez competente. Pero, desde una perspectiva política, e incluso desde una perspectiva de análisis ética, determinar esas asimilaciones resulta abominable, particularmente porque han sido realizadas por un organismo perteneciente a la Administración General del Estado.

Es evidente el nerviosismo del Partido Popular con los avatares que están afectando a la instrucción de la Gürtel (crimen organizado de naturaleza económica) pero ya la perplejidad adquiere una dimensión sublime cuando el ministro de Justicia, el señor Catalá, ha advertido al juez que continuará la instrucción de dicho sumario que evite ir demasiado lejos en la práctica de las diligencias sumariales, lo que constituye una advertencia de imparcialidad o una llamada de atención ‘ad cautelam’.

Las advertencias ‘ad cautelam’ dirigidas a jueces y magistrados, en primer lugar, son innecesarias, porque no se puede presumir su falta de imparcialidad. Y por otra parte, constituyen un elemento de presión a la Administración de Justicia que debería provocar la intervención inmediata del Consejo General del Poder Judicial, como órgano encargado de velar por la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones.

Estas cosas hoy no ocurrirían porque la financiación de los partidos legalmente es más transparente, no está sujeta a exenciones tributarias, y menos como las correspondientes a ONG y los partidos políticos tienen que mostrar en el portal previsto en la Ley de Transparencia la totalidad de sus ingresos y el destino de los mismos.

En todo caso, la Agencia Tributaria, cuyo presidente es el secretario de Estado de Hacienda, por un principio de elemental de decoro institucional, debería cuidar más sus valoraciones comparativas. Dejemos que Cáritas siga realizando sus beneméritas funciones e intentemos evitar que algunos partidos políticos utilicen sistemas de financiación ilegal para obtener, entre otras cosas, ventajas electorales en relación a los demás.

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