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¿Es necesaria una nueva Ley de Seguridad Ciudadana?


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 19 de diciembre de 2013 a las 10:23 | Clasificado en PNV

“Este proyecto desborda ampliamente los valores ontológicos de la libertad y expande ilegítimamente la normativa punitiva en virtud de peligros difusos o indefinidos y, por ello, priva de legitimidad a una de las funciones del Estado, al ejercicio en régimen de monopolio de la coacción”.

Considerando que en el Estado español la tasa de criminalidad es la más baja de la Unión Europea (45 delitos por cada 1.000 habitantes), que contrasta con la de Bélgica (95 delitos por cada 1.000 habitantes), que en el ámbito de las infracciones a la seguridad pública que son objeto de sanción por la autoridad gubernativa nos encontramos con ratios similares, y que convivimos con la denominada “Ley de la Patada en la Puerta”( Ley del ministro Corcuera, que es una de las más duras del derecho comparado), resulta pertinente hacerse la pregunta que sirve de título a este artículo.

En algunos países europeos y en el Estado español se está inoculando en la sociedad una visión paranoica de la seguridad, visión que no se corresponde con la realidad, pero permite ir configurando un voluminoso derecho punitivo. Se especula que invocar estratégicamente sentimientos de inseguridad como un elemento legitimante del endurecimiento de la norma penal es una práctica que le ha posibilitado ganar las elecciones a partidos ultraconservadores en Europa y en el Estado español. Es la fórmula ideada por los estrategas del PP para evitar lo que consideran “fuga de votos por su derecha” (por lo que se ve existen partidos más conservadores que el PP), circunstancia llamativa dado el amplio espectro ideológico de este partido que va del centro-derecha o centro liberal al franquismo residual y nostálgico.

No es menester menospreciar ni estigmatizar los valores de la seguridad; la seguridad es un presupuesto de la libertad y es valor superior de todo ordenamiento jurídico democrático. Lo que no se puede aceptar es convertir la seguridad y sus normas regulatorias en la tesitura de convertir el Estado en un Estado policiaco. La Ley que presenta el Gobierno se aproxima peligrosamente a este condicionante antidemocrático.

Este proyecto desborda ampliamente los valores ontológicos de la libertad y expande ilegítimamente la normativa punitiva en virtud de peligros difusos o indefinidos y, por ello, priva de legitimidad a una de las funciones del Estado, al ejercicio en régimen de monopolio de la coacción. Cuando se llega a ese punto, en el que se desubica la seguridad del sistema de derechos fundamentales y libertades públicas convencionalmente democráticas, se produce el efecto paradójico de que el nihilismo se apodera de buena parte de la sociedad y se multiplican los movimientos fascistas, por una parte, y los movimientos anti-sistema por la otra.

Además, esta norma nace con severas críticas de Amnistía Internacional, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, de la Asociación Judicial Jueces para la Democracia, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de la Coordinadora Estatal de ONGs, de la Federación de Periodistas de España, del Foro Judicial, de CEA etc. Una contestación tan amplia acredita que no se ha dado con una resolución acertada al dilema seguridad-libertad.

Las infracciones más graves se basan en conceptos meta-jurídicos vulnerando el artículo 9.3 de la Constitución. Es imposible determinar cuál es la responsabilidad de quienes convocan una manifestación en la que se producen hechos violentos; es imposible determinar en qué consisten los ultrajes a España y a sus símbolos e iconografía; es imposible determinar la relación de causalidad entre determinadas manifestaciones públicas y la generación de hechos violentos o antijurídicos. En definitiva, es imposible admitir un Proyecto de Ley cuya esencia parece ser criminalizar la disidencia.

Los votantes dicen...
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