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¿Existe una percepción subjetiva de inseguridad?


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 23 de octubre de 2013 a las 10:38 | Clasificado en PNV

“Parece obvio que en un contexto en el que determinados fenómenos delictivos crecen exponencialmente, la colaboración público-privada puede resultar eficiente, pero conviene mirar con prevención el carácter de negocio o actividad lucrativa que caracteriza la actuación de las empresas privadas de seguridad”.

La seguridad puede configurarse como el corolario negativo de la libertad. Mucho se ha polemizado sobre el conocido binomio seguridad-libertad, y todas estas polémicas han resultado estériles porque, tal y como afirmó Max Weber, es un dilema empíricamente imposible de resolver puesto que no pertenece al ámbito del derecho sino al ámbito de los sentimientos de los ciudadanos.

Uno tiene la impresión de que hay una cierta sensación creciente de inseguridad ciudadana. También uno tiene la impresión de que un porcentaje alto de ciudadanos considera que la actuación represiva del Estado, en el legítimo ejercicio de su monopolio sobre la violencia, es insuficiente. Existe también la impresión, deletérea, de que la gente convive con cierto miedo en relación a su seguridad personal, seguramente amplificado por el tratamiento mediático de los problemas atinentes a la política criminal. Pero, en todo caso, esto es lo que piensa la gente.

El maniqueísmo es el elemento troncal de estas reflexiones. Los que poseen grandes patrimonios son particularmente sensibles sobre los delitos vinculados a la propiedad privada; las familias que poseen hijos pequeños son particularmente sensibles a las agresiones sexuales o de otra naturaleza sobre sus hijos; determinadas organizaciones de mujeres, y me gustaría pensar que las mujeres y los hombres en general, son particularmente sensibles en relación a la violencia doméstica.

Lo curioso de todo lo anterior es que se solicita un reproche penal retributivo muy intenso, pero solo vinculado a los actos delictivos conectados con la particular sensibilidad de cada colectivo, y la normativa penal debe poseer necesariamente una naturaleza transversal basada en los siguientes principios: mínima intervención, carácter restaurativo de las penas, resocialización de los delincuentes y el rechazo a cualquier atisbo de estado policial.

El Gobierno del Estado español ha presentado un Proyecto de Ley sobre la seguridad privada. Se trata de que, reconociendo que el ejercicio legítimo de la represión penal corresponde a los poderes públicos, se pueden establecer actuaciones de agentes privados en régimen de subordinación y colaboración con dichos poderes.

La Ley presenta numerosos problemas: el carácter de agentes de la autoridad o no de los guardias de seguridad, de los agentes de seguridad privada, de los detectives, etc. Parece indiscutible el carácter subordinado de las actuaciones de seguridad privada a la seguridad pública y los diversos mecanismos de control, autorización, vigilancia e inspección previstos en la ley relativos a las empresas privadas de seguridad.

Parece obvio que en un contexto en el que determinados fenómenos delictivos crecen exponencialmente, la colaboración público-privada puede resultar eficiente,  pero conviene mirar con prevención el carácter de negocio o actividad lucrativa que caracteriza la actuación de las empresas privadas de seguridad.

Buscar estos puntos virtuosos de equilibrio es siempre complejo para el legislador estatal que, además, con mucha frecuencia, ignora las competencias del legislador autonómico y de las policías autonómicas de carácter integral: Ertzaintza y Mossos d’Escuadra. Lo que no resulta discutible es que un sentimiento subjetivo de seguridad está asociado a un sentimiento subjetivo de libertad.

Afrontar el problema de las conductas que deben ser objeto de un reproche penal es la tarea que a los legisladores les compete en la aprobación del nuevo Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal. Cómo hacerlo configura un debate de signo diferente: de forma exclusivamente pública, de forma pública y privada subordinada, o como de facto ocurre, y solo para los que poseen patrimonio suficiente para salvaguardar sus derechos y bienes, de forma exclusivamente privada y bien remunerada.

Todo lo anterior plantea dilemas morales particularmente delicados. Ningún ciudadano puede ser desprotegido por carecer de medios económicos para sufragar su protección. Ningún ciudadano puede verse desprovisto de su derecho a recurrir a sistemas privados de seguridad que pueda retribuir. Y ningún ciudadano sobre el que graviten problemas objetivos de seguridad puede ser desprovisto de mecanismos público-privados de seguridad que no le obliguen a realizar desembolsos económicos.

¿Cómo se hace todo esto? No con lo previsto en el Proyecto de Ley de Seguridad Privada que presenta el Gobierno español, en la que se atisban ciertas sutiles avocaciones a la seguridad privada ante la no menos subliminal indicación de que la seguridad pública no lo puede cubrir todo. Con esto pasa como con las pensiones, si se afirma que el sistema público de pensiones es inviable, se deriva a los ciudadanos pudientes y no pudientes a realizar mayores o menores esfuerzos para garantizarse una protección de sus bienes y derechos suficiente. Este es el verdadero dilema que los legisladores debemos resolver.

Los votantes dicen...
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