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La batalla del desempleo se está perdiendo


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 16 de enero de 2013 a las 10:23 | Clasificado en PNV

El diputado del PNV llama la atención sobre las causas y consecuencias del paro, cuya batalla asegura que está perdiendo el Gobierno.

Las últimas cifras divulgadas por la agencia comunitaria Eurostat acreditan que el número de desempleados en el Estado español se aproxima a los 6,15 millones de ciudadanos. Más de seis millones de personas que quieren trabajar no pueden hacerlo, y ello a pesar de las reflexiones cosméticas que hemos oído en fechas navideñas relativas a una disminución del desempleo, de unos cincuenta mil desempleados, provocada por la campaña estacional de Navidad.

Pero estos datos se referían solo al paro registrado, es decir, a los desempleados inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo. La dramática realidad es que en estos momentos trabajan una de cada tres personas de las que forman la población activa. Los abrumadores datos anteriores acreditan varias patologías.

La primera es el fracaso de la reforma laboral del Partido Popular y lo que en el seno de la misma era fácilmente previsible: la descausalización del despido.

Particularmente el despido por causas objetivas y su abaratamiento iba a provocar como efecto perverso pero inevitable: que las dificultades de competitividad de las empresas se iban a traducir en ajustes de plantillas. Dicho de otra manera, se iban a convertir en nuevos despidos cuya causa, de facto, no hace falta ni acreditar (descenso de ventas, pérdidas actuales o previstas, inadaptación del trabajador a los nuevos modelos productivos, tecnológicos, causas de fuerza mayor, y un tan etéreo como largo listado de causas de extinción de la relación laboral, que convierten al despido en un despido sin causa).

La segunda patología es que la contracción de la actividad económica continúa y continuará este año, por diversas razones: la crisis del euro, la falta de soberanía económica del Estado español, la hegemonía de los mercados cada vez más desregulados y descontrolados, y en claves de política interna, la atención puramente marginal a los pocos elementos que puedan reactivar la actividad económica: la investigación, el desarrollo y la innovación, las políticas activas de empleo, la formación profesional, y el desbloqueo de la actividad bancaria que sigue lastrando, ante el nulo flujo del crédito, al ámbito empresarial cualquier esperanza de crecimiento económico.

Los guarismos anteriores pueden ser objeto o bien de un análisis frío, pseudocientífico, o especulativo de las razones que lo provoca, o si no se ha perdido absolutamente por parte de algunos gobernantes toda suerte de empatía con quienes padecen estos problemas y con la ciudadanía en general, se puede observar sus devastadores efectos: incremento de la pobreza (el número de pobres se aproxima a los diez millones según Cáritas), incremento de la exclusión social, cronificación del desempleo de ciertos segmentos de desempleados como el constituido por los mayores de 45 años, a los que eufemísticamente se califica como colectivo de difícil empleabilidad (estos desempleados difícilmente van a disponer alguna carrera de seguro suficiente para causar derecho a la pensión de jubilación, y estamos hablando de más de dos millones de personas).

Y por último, la pérdida de una generación de jóvenes de alta cualificación académica excluidos del mercado de trabajo, obligados a emigrar. Los pocos que son incluidos lo hacen a través de fórmulas contractuales cada vez más precarias (contratos formativos, contratos cuyo periodo de prueba dura un año, becas…) y de duración temporal cada vez más limitada, generándose una dramática noria en el que unos jóvenes se van sustituyendo a otros en las fórmulas de subempleo que se les proporcionan.

Todo lo anterior supone un peligro cierto para las cada vez más finas hilaturas de la cohesión social. Si las políticas gubernamentales siguen consistiendo en lo que eufemísticamente el partido gobernante denomina ‘políticas reformistas’, que han consistido siempre en recortes, ajustes, desregulaciones, privatización… llegaremos al umbral de lo que las instituciones públicas pueden gobernar sin poner en tela de riesgo su propia estabilidad y quién sabe si su perdurabilidad.

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