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La doble victimización


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 4 de julio de 2014 a las 11:00 | Clasificado en PNV

No sólo hay unas víctimas, sino muchas y de distintos victimarios. Pero algunas asociaciones se han dejado manipular y, a la vez, han acabado condicionando algunas decisiones que deberían ser independientes.

Al hablar de las víctimas podemos usar el conocido aforismo que se preconiza en relación a valores como la libertad o la democracia: cuántas atrocidades se pueden cometer en tu nombre.

La alocución “víctima” en claves de inconsciente colectivo se asocia siempre con la organización ETA, pero la situación es mucho más compleja que la que deriva de esa vinculación de la psicología colectiva.

En el Estado español el colectivo de víctimas se caracteriza primero por su heterogeneidad: hay víctimas de ETA, hay muchas -una solo ya son muchas, pero hay demasiadas-, hay víctimas del yihadismo islámico, hay víctimas del GRAPO, hay víctimas de los aparatos policiales del Estado español, hay víctimas de cuerpos parapoliciales, y subsisten desafortunadamente las víctimas del franquismo, que  no solo no han sido debidamente reparadas, sino que los cuerpos de miles de ellas se encuentran enterrados en desconocidas cunetas.

Las víctimas tienen muchos problemas. El primero es el dolor de forma indubitada, el segundo es el vacío con el que han convivido durante muchos años y el tercero, que corresponde a la responsabilidad de las administraciones públicas, es la insuficiente reparación que los poderes del Estado históricamente han acometido en relación a los problemas morales, físicos, psicológicos y económicos de los daños causados, además del no cumplimiento tradicional de los requerimientos que toda víctima plantea: memoria, justicia y reparación.

Todo lo anterior no impide que algunas asociaciones de víctimas hayan sido objeto de manipulación política por partidos que las han utilizado para obtener réditos electorales de la forma más bastarda que cabe concebir. Algunas asociaciones de víctimas se han dejado manipular políticamente de forma consciente, convirtiéndose en instrumentos de actuación no solo contra los victimarios o en relación lo que la sociedad les debe, sino contra los demás partidos políticos, o intentando estigmatizar determinadas ideologías inequívocamente democráticas, por ejemplo, el nacionalismo vasco, al que se le ha llegado a atribuir la propia existencia de organizaciones como ETA, recurriendo a la perversión intelectual que las ideologías políticas pueden ser madre de organizaciones terroristas.

Si extendiéramos la reflexión anterior pervertiría todas las ideologías existentes: a determinado terrorismo de extrema derecha se le podría considerar eso eventualmente del nacionalismo español con la misma ilegitimidad que el nacionalismo vasco se ha llegado a considerar padre de organizaciones terroristas, y con la misma ilegitimidad que a los partidos de origen marxista se les podría considerar padres de organizaciones como el GRAPO.

Estos intentos de manipulación política han provocado siempre unas perturbaciones en el avance de las víctimas hacia el reconocimiento íntegro de sus derechos. Se pudo observar este fenómeno claramente en el Acto Solemne de Homenaje a las Víctimas que celebra el Congreso de los Diputados cada 27 de junio: el discurso de la representante de las víctimas se centró en las víctimas de ETA exclusivamente y en la existencia de organizaciones legales como Amaiur, que ostentan representación parlamentaria legítima y han sido declaradas legales por el Tribunal Constitucional. Se olvidó el terrorismo yihadista, se olvidó el terrorismo franquista, se olvidó el terrorismo de Estado, se olvidó, en definitiva, aquello que no convenía recordar a quien con más impulsividad ha intentado manipular en favor de sus intereses los terribles componentes emocionales que la condición de víctima provoca.

Como si los familiares de las víctimas olvidadas no sufrieran el mismo dolor.

En este momento se está debatiendo un Anteproyecto de Ley Orgánica Regulador del Estatuto de la víctima y en la que a través de la sucesiva ampliación de reconocimiento de derechos a las víctimas del terrorismo se les reconoce uno particularmente discutible: legitimación procesal no solo para ser parte de proceso en el que se enjuicia a un terrorista, sino para conocer e incluso condicionar la política penitenciaria emitiendo opinión cuasivinculante de cuestiones diversas -la progresión de grado, la obtención de beneficios penitenciarios, la duración de la pena- que afectan a una persona condenada por un delito de terrorismo.

Una cosa es reconocer a las víctimas sus derechos legítimos y, particularmente, los que atenúan su dolor, y otra cosa es convertir a determinadas asociaciones de víctimas en las muñidoras de la política antiterrorista del Gobierno y de la política penitenciaria legitimándolas incluso para interferir en la función de los Juzgados de vigilancia penitenciaria. Pero estas actuaciones se hacen no porque las reivindiquen todas las asociaciones de víctimas, sino porque lo hacen los dirigentes de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA.

Memoria, dignidad y justicia para todas las víctimas. Y esta invocación requiere tratamiento igualitario y equitativo para todas sus asociaciones, no postergación o marginación de ninguna organización de víctimas. Requiere evitar campañas de estigmatización rayando la crueldad, como las realizadas con Pilar Manjón, y partir de la convicción de que todas las víctimas sufren el mismo dolor y necesitan unos elementos de reparación. Y, por último, requiere consensuar las organizaciones políticas con las asociaciones de víctimas que la determinación de qué organizaciones políticas pueden concurrir a las elecciones o pueden ser legales corresponde a la Administración de Justicia (que nos gustaría que actuara con neutralidad política y aplicando leyes reguladoras del funcionamiento de los partidos políticos que se ajusten a las convenciones de las leyes reguladoras de los partidos políticos de los países de más larga tradición democrática).

No es incompatible reconocer y atender a las víctimas sus legítimas aspiraciones con la configuración de un ordenamiento juridico que no tenga las características de excepción, de estar concebido para la ilegalización de determinada organización política por razones de coyuntura, y con un derecho penal que no posea los perfiles del Derecho penal del enemigo.

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