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La escopeta nacional


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 30 de enero de 2013 a las 10:34 | Clasificado en PNV

El diputado del PNV cree que el Proyecto de Ley de Transparencia muestra grandes insuficiencias, “como recetar una aspirina a un enfermo terminal” con todos los casos de corrupción que están surgiendo.

La corrupción se ha convertido, en un Estado que ha convivido históricamente con la picaresca, en un fenómeno de una dimensión tan pavorosa que ha dejado atónitos hasta a los miembros del 15M.

Trescientos responsables políticos imputados (eran 300 hace una semana pero esta cifra no deja de crecer, le ocurre algo parecido que a la cifra de desempleados), problemas de corrupción que afectan a todos los partidos (sin pretender ser petulante ni exquisito, yo pertenezco a uno que en 117 años de historia no ha sufrido el procesamiento de ninguno de sus afiliados por motivos de corrupción política) y también a instituciones tan solemnes como la Casa del Rey. Aunque parezca algo hiperbólico amén de aberrante, a veces nos da por pensar que es la corrupción y las inmensas fortunas que generaba para algunos responsables políticos la que provocaba el crecimiento de la economía en sectores como el hostelero y otros vinculados al lujo y el placer.

Ante el escenario descrito, la única medida anticorrupción que plantea el partido gobernante la constituye un Proyecto de Ley de Transparencia, con tales insuficiencias que es como recetar una aspirina a un enfermo terminal de cáncer.

La Ley de Transparencia no incluye dentro de sus mecanismos de control ni a los partidos políticos ni a las organizaciones sindicales y empresariales. Se trata de omisiones llamativas ya que la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003, que declara constitucional la Ley de Partidos Políticos del año 2002, establece que los partidos políticos son entidades parapúblicas, ejercen en régimen de monopolio la representación política de los ciudadanos y, por lo tanto, sus actos de representación no pertenecen al derecho privado sino al derecho público.

Los sindicatos y patronales cuando negocian los convenios colectivos realizan igualmente funciones de naturaleza jurídico-pública, ya que los convenios constituyen una fuente del derecho del trabajo, de las relaciones laborales, dados sus efectos erga omnes, afectando a todos los empresarios y trabajadores de su ámbito de aplicación y no sólo a los afiliados a los negociadores del convenio.

Por otra parte, el artículo 11 del Proyecto de Ley de Transparencia establece doce secciones o restricciones de los derechos de los ciudadanos de acceso a la información pública o de la garantía de buen gobierno que provocan, dada su dimensión, que la Ley quede ab initio desactivada. Cuando se exceptúan del contenido de la iniciativa las cuestiones relativas a la política comercial y monetaria, a la política de relaciones exteriores, a la política relativa al déficit público y presupuestario, la política de seguridad y asuntos exteriores, e incluso cuestiones tan llamativas como la política medioambiental, pocas esperanzas quedan en relación a las virtualidades de la futura Ley.

Luchar contra la corrupción supone en el ámbito filosófico incorporar la virtud y la probidad a la actuación pública, cosa difícil en el país que inventó la picaresca. Y supone otras cosas: reformar la legislación electoral, la relativa a la financiación de los partidos políticos, mejorar los controles, de verdad, del funcionamiento de las instituciones públicas, convertir en algo relevante los Tribunales de Cuentas y a todas las demás entidades de supervisión. En definitiva, que las instituciones del Estado posean mecanismos eficientes para corregir los desvíos de quienes ostentando responsabilidades públicas las ejercen en su propio interés o en las de su partido.

Algunos partidos serán renuentes a la fiscalización externa, pero cuanto más lo sean más comprometido estará el sistema democrático, y más intensidad adquirirán fórmulas de democracia directa que intentarán superponerse a las de democracia representativa con el consiguiente caos que la transición y la convivencia entre estos sistemas políticamente suelen provocar en los países donde se han ensayado.

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