Arrow

La legislación contra el fraude y atrofia democrática


0
Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 26 de diciembre de 2012 a las 11:35 | Clasificado en PNV

El diputado del PNV Emilio Olabarria contrapone que en 127 años de historia de su partido no hay habido condenado alguno ientras en otras formaciones abundan los imputados.

Acaba de aprobarse una Ley con pretensiones de relevancia, bien intencionada si se hubiera configurado bien, pero fallida por sus malas hechuras.

Elevar el umbral de punibilidad en los delitos contra la Hacienda pública a 120.000 euros defraudados o a 600.000 euros para que el defraudador ingrese en prisión, permite presumir que al estar contemplando la situación de grandes defraudadores no va a ser fácil que puedan ser penalmente incriminados. En el ámbito de la Seguridad Social el umbral de punibilidad es de 50.000 euros, pero siempre que la defraudación se cometa de forma simultánea, no sucesiva. Esto quiere decir que nadie va a sufrir reproche penal alguno por una conducta tan aberrante.

Por otra parte nos encontramos con una verdadera extravagancia que prevé que la responsabilidad en la que incurran los afiliados a un partido o un sindicato que cometan un delito se extienda al partido o sindicato en su conjunto. Esto constituye un ataque a la línea de flotación de la democracia representativa tal como hoy la conocemos.

En primer lugar, porque solo pueden delinquir las personas físicas en base al viejo aforismo de ‘societas delinquere non potest’. Alguien me tendrá que explicar cómo una persona jurídica o un partido o un sindicato puede ingresar en prisión, salvo que presumamos que lo que deriva de esta previsión tan populista y antidemocrática sea que los partidos políticos o sindicatos se constituyen precisamente para acometer delitos.

Por último, los partidos políticos en su última ley reguladora del año 2002, reconocida constitucional por el Tribunal Constitucional en la ya muy conocida sentencia del año 2003, considera a los Partidos organizaciones parapúblicas, cuya ubicación sistemática privilegiada en el texto constitucional les confiere la facultad de representar instrumentalmente la voluntad popular. Este objeto no tiene nada que ver con la comisión de delitos, el problema es otro: que paradójicamente, algunos partidos no creen en la democracia representativa, en la democracia de partidos y se apuntan demagógicamente al populismo punitivo.

En todo caso no deja de llamar la atención que EAJ-PNV en 127 años de historia no haya tenido que sufrir la condena de ni uno solo de sus militantes por actos de corrupción política, mientras que otros apoyan con entusiasmo la peregrina idea que hemos apuntado en el párrafo anterior: partidos políticos que tienen más de un centenar de personas o responsables públicos con condenas e imputaciones vinculadas a la corrupción política. A ver si alguno defendiendo curiosidades de este estilo va a ser ilegalizado por el fácil recurso al populismo.

Comparte tu punto de vista

XHTML: Puedes usar estas etiquetas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>